Dolores Delgado defiende la reforma de la Ley del Poder Judicial para llegar a una jurisdicción universal plena

Aboga por reforzar la persecución de crímenes de lesa humanidad y acabar con los espacios de impunidad

La exministra de Justicia Dolores Delgado, actualmente fiscal de Sala de Derechos Humanos y Memoria Democrática, ha defendido este martes en el Congreso la necesidad de aprobar cambios legislativos en España para avanzar hacia una "jurisdicción universal cooperativa" que involucre a tribunales nacionales e internacionales en la persecución de los crímenes más graves.

Concretamente, pide revisar el artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) al considerar que presenta "una técnica legislativa pésima" y "contradicciones internas". Así, ha propuesto incorporar la posibilidad de perseguir delitos contra ciudadanos españoles cometidos en el extranjero y reforzar la persecución de los crímenes de lesa humanidad y las graves violaciones del derecho internacional humanitario.

"Tenemos que pasar a una jurisdicción universal no principal, no subsidiaria, no complementaria, sino cooperativa", ha afirmado durante una jornada sobre el futuro de la jurisdicción universal celebrada en el Congreso, donde ha insistido en que los sistemas judiciales deben "apostar por los instrumentos internacionales, por los tribunales internacionales y por los nacionales".

Delgado ha señalado que la justicia universal debe tener dos fines fundamentales: acabar con los espacios de impunidad y dar una respuesta a las víctimas ante las graves violaciones del derecho internacional de los derechos humanos. En su opinión, estos objetivos son comunes a todos los Estados y deben abordarse "sin protagonismos", ya sea desde cortes permanentes como la Corte Penal Internacional o desde tribunales nacionales y 'ad hoc'.

La fiscal ha propuesto que los Estados "civilizados" cooperen frente a "crímenes horrendos". En este sentido, ha reivindicado el principio de solidaridad como base de la justicia universal, apostando por una cooperación internacional que priorice la prevención y la investigación de las violaciones más graves.

CRÍTICAS A LOS "RECORTES LEGISLATIVOS" DE 2009 Y 2014
Delgado ha recordado que España fue un país pionero en la aplicación de la jurisdicción universal a partir de 1985, aunque ha lamentado los recortes legislativos posteriores de 2009 y 2014, que --según ha dicho-- supusieron "la pérdida de una herramienta muy buena" para la defensa de los derechos humanos.

Por último, Delgado ha apostado por una justicia universal basada en la cooperación y el posibilismo: "Debemos ser realistas y generosos; si no podemos enjuiciar, debemos poner a disposición de los tribunales internacionales el material probatorio y colaborar en la investigación efectiva".

A continuación, ha intervenido el portavoz de Justicia de Sumar en el Congreso, Enrique Santiago, quien ha reclamado cerrar "de una vez" el periodo de enmiendas de la proposición de ley para recuperar la jurisdicción universal, aprobada para su toma en consideración en febrero de 2024 y pasar a la ponencia. Por ahora, ha reconocido que está siendo bloqueada por falta de acuerdo en el seno del Gobierno de coalición.

SUMAR EXIGE AL PSOE DESBLOQUEAR LA REFORMA
Santiago ha detallado que la reforma fija la supresión del apartado 6 del artículo 23 de la LOPJ para recuperar la acción popular; reconfiguración del 23.4 para restablecer el listado de crímenes internacionales y eliminar puntos de conexión que hacían "inviables" los procedimientos; y una disposición transitoria "para reabrir causas archivadas. A su juicio, la acreditación de que la jurisdicción universal es "el mejor antídoto contra la impunidad" y explica "los esfuerzos por acabar políticamente con ella" en 2009 y 2014.

Como razones para acelerar la reforma, el parlamentario de Sumar ha aludido a la "grave impunidad" de crímenes internacionales y a las dificultades actuales de la Corte Penal Internacional, subrayando que es "una cuestión de seguridad humana y necesidad democrática" que las jurisdicciones nacionales puedan actuar "sin limitación" frente a los crímenes más graves.

En la jornada también ha participado el exjuez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, quien ha reivindicado la vigencia del principio de jurisdicción universal y ha alertado de una "situación peligrosa de clara involución" en la defensa de los derechos humanos, al cumplirse diez años de los Principios Madrid-Buenos Aires.

BALTASAR GARZÓN: "HAY UNA PELIGROSA INVOLUCIÓN"
Garzón ha subrayado que el principio de jurisdicción universal, reconocido en la LOPJ obliga a los jueces de cualquier país que lo haya adoptado a investigar crímenes de lesa humanidad, de guerra o de genocidio cuando en el país de origen no se investigan o se enjuician de forma simulada". Y ha destacado el papel pionero de España en la aplicación de este principio con casos como el del oficial argentino Adolfo Scilingo o el del dictador de Chad Hissène Habré.

El exmagistrado ha insistido en que el impulso inicial "no fue institucional, sino de las víctimas", y ha lamentado que el Ministerio Fiscal "estuviera ausente y beligerante contra la Justicia Universal hasta 2005", cuando, bajo el mandato de Cándido Conde-Pumpido, "asumió por primera vez su papel en defensa de la legalidad y de las víctimas".

Garzón también ha advertido que "el silencio y la inacción" ante los retrocesos actuales pueden poner en riesgo los avances logrados durante décadas. Y ha reclamado "actuar más y quejarse menos" frente a quienes tratan de revertir las conquistas en materia de justicia, memoria y reparación.