El Gobierno rechaza el conflicto con el Senado por el veto al pago de 1.200 millones para tasas aéreas y lo aboca al TC
El Gobierno ha aprobado este martes el rechazo al requerimiento formulado por el Senado para que revoque una enmienda introducida por la Cámara Alta en el proyecto de ley que modifica la normativa de Navegación y de Seguridad Aérea, donde se solicita al Ejecutivo que paguen una dotación de 1.200 millones de euros a Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla para bonificar el 75% de las tasas aéreas a sus ciudadanos.
El Pleno del Senado aprobó un nuevo conflicto de atribuciones promovido por el PP contra el Congreso y el Gobierno para exigirles que rectifiquen la citada enmienda. Los 'populares' aseguraron que tras el respaldo de la Cámara Alta se remitió al Congreso y "una vez más", el Gobierno, "con la complicidad de la mayoría de la Mesa, mutiló esa ley", como "ya hizo con la Ley de la Cadena Alimentaria", suprimiendo la enmienda aprobada por el PP.
Posteriormente, el Congreso debatió y aprobó el proyecto de ley de Navegación Aérea sin esa enmienda aprobada por el Senado, "en un nuevo bloqueo y ataque caciquil a la competencia legislativa del Senado, que han votado libremente los ciudadanos en las urnas".
Según ha explicado Moncloa, el Gobierno comunicó a la Mesa del Congreso su disconformidad con la misma por "suponer un incremento del gasto presupuestario", refiriéndose al artículo 134.6 de la Constitución, que "establece que las proposiciones o enmiendas que suponen cambios en los ingresos presupuestarios requieren la conformidad del Ejecutivo".
Tras esta decisión, el Senado planteó un conflicto de atribuciones con el Gobierno y le requirió para que procediera a la revocación del acuerdo de disconformidad, por lo que el Consejo de Ministros ha acordado rechazarlo al entender que "la facultad de veto sólo corresponde al Ejecutivo, que tiene además la competencia de ejecución presupuestaria".
"Resulta constitucionalmente improcedente que el Senado inicie un procedimiento de conflicto de atribuciones para impedir que el Gobierno ejerza una competencia que le otorga la Constitución", han zanjado desde el Gobierno.

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