Socios del Gobierno llevan el martes al Congreso su ley para validar escritos en euskera o catalán en toda España

El PSOE está abierto a facilitar al menos su tramitación, aunque necesitará mayoria absoluta para prosperar

Esquerra (ERC), Bildu, el PNV, el BNG, Compromís e integrantes de Sumar como los Comuns y Mes per Mallorca, todos ellos socios parlamentarios del Gobierno, llevarán al Pleno del Congreso del próximo martes una proposición de ley orgánica para que los documentos en catalán, euskera, gallego o valenciano sean oficiales en toda España ante la Administración y sin necesidad de traducción al castellano.

Éste es uno de los puntos principales de la Proposición de Ley Orgánica de Garantía del Plurilingüismo y de los Derechos Lingüísticos de la Ciudadanía, que está firmada por 22 diputados de seis grupos parlamentarios que tienen una causa común, que es compensar y corregir lo que consideran "el desequilibrio y error histórico" de colocar al castellano, a su juicio, "en una situación de privilegio" en el funcionamiento real de las instituciones del Estado

Con esta iniciativa legislativa, que ha redactado el que fuera portavoz de ERC Joan Ridao, los grupos firmantes recuerdan que, pese al reconocimiento constitucional de la diversidad lingüística, el mandato protector del artículo 3.3 de la Carta Magna "continúa sin desplegarse de forma efectiva" y que persisten normas y prácticas que "penalizan la doble oficialidad".

La propuesta sitúa como objetivo central garantizar que cualquier ciudadano pueda ejercer su derecho a relacionarse con los órganos del Poder Judicial, las instituciones constitucionales y la Administración General del Estado en cualquiera de las lenguas oficiales del territorio, "con plena validez jurídica". Para ese fin, introduce obligaciones claras de capacitación lingüística en justicia, función pública y contratación, y dota de herramientas para asegurar el respeto al derecho de opción lingüística.

Entre los ejes de la reforma destacan medidas decisivas en la Administración de Justicia, como el requisito de conocimiento de la lengua propia para acceder a plazas en comunidades con lengua oficial distinta del castellano o la validez plena de documentos judiciales sin traducción, así como la adaptación integral de los procedimientos administrativos y de las plataformas digitales a todas las lenguas oficiales.

NORMA VEHICULAR EN LA EDUCACIÓN
La iniciativa también incorpora criterios lingüísticos transversales en la contratación pública y regula ámbitos sectoriales clave, como consumo, seguridad, transporte o comunicación audiovisual, donde se refuerza de manera significativa la presencia y uso de las lenguas oficiales distintas del castellano.

En el ámbito educativo, la ley establece que la lengua propia de cada comunidad autónoma "será normalmente vehicular", con el objetivo de garantizar que el alumnado domine tanto esa lengua como el castellano al finalizar la educación básica.

Con esta propuesta legislativa, los firmantes sostienen que no pretenden excluir a nadie y, de hecho, estaban abiertos a que otras formaciones, como Junts, se sumaran pero, de entrada, los de Carles Puigdemont rehusaron hacerlo. Aún así, les han animado a que repiensen su posición y "se suban al barco".

Los socialistas, que estaban pergeñando una iniciativa en la misma línea, parece estar dispuesto a que la iniciativa sea al menos tomada en consideración pese a que reconocen que hay cuestiones que son más difíciles para ellos, como es todo lo que afecta al Poder Judicial.