El PP aprueba en el Senado el procedimiento para volver a llevar al Gobierno ante el TC por la Ley de Movilidad

Los 'populares' vuelven a recurrir al choque entre instituciones por decimosegunda vez esta legislatura

El Pleno del Senado ha aprobado este miércoles un nuevo conflicto de atribuciones con el Gobierno y el Congreso impulsado por el PP a raíz del "veto" del Ejecutivo de Sánchez a unas enmiendas en la Ley de Movilidad Sostenible, activando así el procedimiento para que este choque pueda acabar en el Tribunal Constitucional (TC).

El planteamiento de los 'populares' ha contado con la abstención de algunos socios parlamentarios del Gobierno, como ERC, EH Bildu, Junts o el PNV.

Este es el decimosegundo choque entre el Senado y el resto de instituciones del Estado durante esta legislatura, después de los que se han ido produciendo con la Ley de Amnistía, los Presupuestos Generales del Estado o unas enmiendas a otra norma, entre otros aspectos.

Según el procedimiento, el PP ha hecho uso de su mayoría absoluta en el Senado para aprobar este choque con el Gobierno y el Congreso en el Pleno de este miércoles. De esta manera, la Cámara Alta lo ha adoptado como suyo y lo ha remitido al Congreso y el Gobierno.

Y el Congreso y el Gobierno tienen un mes para contestar desde que reciben el planteamiento del conflicto de atribuciones, aunque también tiene la posibilidad de no contestar y darlo por sustanciado. En ese caso, o si la respuesta es negativa, el Senado decidirá si eleva el asunto al Tribunal Constitucional o no sigue adelante con ello.

POR TRES ENMIENDAS
El origen del choque está en la tramitación de la Ley de Movilidad Sostenible en el Senado. El PP consiguió introducir varias enmiendas, que luego fueron refrendadas por el Congreso de los Diputados, aunque el Gobierno vetó algunas de ellas argumentando que afectaban al equilibrio presupuestario.

En cualquier caso, a las enmiendas a las que hace referencia el conflicto institucional son las 118 y 148, por las que se incorporan un artículo 61 bis y una disposición transitoria undécima al proyecto de ley de Movilidad Sostenible.

El nuevo artículo 61 bis, que fue vetado por el Gobierno, hace referencia a que el Ministerio de Transportes habilitará anualmente una partida de los Presupuestos Generales del Estado para el fomento de la movilidad sostenible, exceptuando la movilidad en el ámbito urbano e interurbano.

Esta partida estaría destinada a fomentar proyectos de inversión ligados con el desarrollo de una red de infraestructura de recarga de acceso público, priorizando la interurbana en las zonas menos estratégicas, así como los relativos a la renovación de flotas de transporte de mercancías y viajeros con el objeto de su descarbonización. Esta financiación se llevaría a cabo mediante exenciones fiscales, subvenciones en régimen de concurrencia competitiva y por subvención directa.

Mientras, la nueva disposición hacía la siguiente referencia: En caso de que la aplicación de esta ley afecte a contratos del sector público en vigor imponiendo nuevas obligaciones a los contratistas, los órganos de contratación deberán prever las correspondientes compensaciones a favor de aquellos por los sobrecostes generados.

EL PP DENUNCIA UNA "CACICADA"
El encargado de defender este conflicto de atribuciones ante el Pleno del Senado ha sido el parlamentario 'popular' Israel Roberto Pérez, que ha acusado al Gobierno de perpetrar una "obscena cacicada" con la "colaboración necesaria" de su mayoría en la Mesa del Congreso.

"Hoy debatimos el futuro de nuestra democracia parlamentaria. Defender este conflicto es defender que el poder político siga sometido a la ley, que el Parlamento siga siendo el centro de la soberanía y que el Senado siga siendo una Cámara viva, útil y respetada", ha proclamado.

Sin embargo, el senador socialista José Manuel Franco ha defendido la acción del Gobierno con el veto a estas enmiendas, argumentando que el Ejecutivo hace uso de sus atribuciones constitucionales.