El PP impulsa una votación en el Congreso sobre los casos de acoso en el PSOE pìdiendo una condena y responsabilidades

La moción se votará en el primer Pleno del próximo periodo de sesiones
El PP quiere una votación en el Pleno del Congreso para condenar los casos de acoso sexual desvelados en el PSOE y para exigir "tolerancia cero" y responsabilidades por lo que considera "intentos de ocultación y minimización de las situaciones de acoso denunciados en el seno de la Presidencia del Gobierno", en relación al caso concreto del exmilitante y exasesor socialista Paco Salazar, quien dimitió tras varias denuncias de acoso sexual interpuestas por trabajadoras de Moncloa.

La iniciativa, consecuencia de la interpelación urgente de este miércoles en el Congreso, será debatida en febrero, en cuanto se reanude el periodo ordinario de sesiones plenarias.

En el texto, recogido por Europa Press, se reclama al Ejecutivo la asunción inmediata de responsabilidades políticas "por dichos actos", que condene cualquier conducta de acoso, abuso o trato vejatorio contra las mujeres" y que garantice una política de "tolerancia cero y búsqueda de la verdad ante cualquier comportamiento incompatible con la igualdad y la dignidad de las mujeres".

El PP vincula la moción a Salazar y a la polémica gestión del caso por parte del PSOE al mencionar los "presuntos casos de acoso sexual y episodios de conductas impropias contra mujeres en el Gabinete de la Presidencia del Gobierno" y a la existencia de "maniobras internas destinadas a silenciar a las víctimas, minimizar los hechos y evitar cualquier responsabilidad política".

RESPETO A LA SENTENCIA CONTRA GARCÍA ORTIZ
El texto también insta al Gobierno a respetar la sentencia condenatoria dictada contra el ya ex fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y a adoptar de inmediato las medidas necesarias para garantizar "la plena independencia del Ministerio Fiscal, su autonomía operativa y su neutralidad, en línea con los estándares europeos de integridad y separación de poderes".

La moción también reclama garantizar los criterios de mérito, capacidad, profesionalidad e independencia en todos los nombramientos, "especialmente en los cargos responsables de las unidades operativas de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado", con el fin de preservar "su plena autonomía frente a cualquier injerencia política".

PROTECCIÓN DE LOS DENUNCIANTES DE CORRUPCIÓN
Asimismo, el PP pide al Ejecutivo cumplir de manera íntegra y verificable las recomendaciones pendientes del Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO) en materia de prevención de la corrupción, conflictos de intereses y control del poder ejecutivo.

La iniciativa incluye igualmente el refuerzo de la protección efectiva de los denunciantes de corrupción, garantizando el ejercicio de las competencias de la Autoridad Independiente de Protección del Informante, "su dotación suficiente de medios y la ejemplaridad del propio Gobierno en la protección de los denunciantes".

Por último, el Partido Popular insta a respetar "escrupulosamente la separación de poderes", cesando de inmediato cualquier actuación o manifestación dirigida a desacreditar a jueces, fiscales, Fuerzas de Seguridad o medios de comunicación.

"CRECIENTE PERCEPCIÓN SOCIAL DE IMPUNIDAD"
En la exposición de motivos, señalan que España ha experimentado un "progresivo deterioro" de sus estándares de integridad pública, acompañado de una "creciente percepción social de impunidad, politización de las instituciones y utilización partidista de los órganos del Estado".

El Índice de Percepción de la Corrupción 2024 de Transparencia Internacional sitúa a España en la posición 46 de 180 países, tras caer cuatro puntos y diez puestos en un año.

El PP sostiene que un conjunto de episodios, entre los que cita el caso Koldo, el de Leire Díez, las investigaciones judiciales a la mujer y el hermano del presidente del Gobierno, "configura un patrón continuado de hechos que debilitan la democracia, con impacto directo en la reputación internacional de España, la seguridad jurídica, la calidad del debate público y la credibilidad de las instituciones".

Y critica que el Gobierno haya respondido mediante "ataques a jueces, medios de comunicación, funcionarios y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en lugar de reforzar la transparencia y la colaboración institucional".