El Tribunal de Cuentas alerta de la "antigüedad excesiva" de vehículos, barcos o helicópteros de Policía y Guardia Civil

Aprecia "deficiencias" y "mal estado de conservación" en un "elevado número" de instalaciones de Interior, como comisarías y cuarteles

El Tribunal de Cuentas alerta de que la Policía Nacional y particularmente la Guardia Civil han venido operando con "vehículos, aeronaves y embarcaciones con una antigüedad excesiva", lo que conlleva "mayores gastos de mantenimiento y, en ocasiones, limitaciones en su operatividad". Por ello, recomienda al Ministerio del Interior diseñar un plan de renovación de estos medios móviles.

Esta es una de las sugerencias que realiza el Tribunal de Cuentas en informe de fiscalización sobre la planificación y gestión de las inversiones y equipamientos del Ministerio del Interior entre 2021 y 2023.

El fiscalizador ha examinado la eficacia de los principales planes de inversión, el estado de conservación de las instalaciones y medios materiales y los sistemas de información utilizados por Interior, que gestiona más de 3.800 inmuebles y alrededor de 30.000 elementos de transporte, entre vehículos terrestres, embarcaciones y aeronaves.

El informe, recogido por Europa Press, indica que, aunque los fondos europeos han permitido adquirir un "número muy significativo de vehículos menos contaminantes" (2.668 unidades para la Policía y 1.599 para la Guardia Civil), el parque móvil de ambos cuerpos continuaba hasta inicios de este año aquejado de "una antigüedad significativa".

CONDICIONA EL DESEMPEÑO DE LOS AGENTES
Así, al arranque de 2025 un 21% de los turismos y un 26% de los todoterrenos de la Guardia Civil tenían más de 15 años o más de 300.000 kilómetros, mientras que, en la Policía Nacional, el 35% de las unidades tenía más de 100.000 kilómetros, un 50% más de cinco años y un 25% más de 15.

En este contexto, el tribunal alerta de que "las limitaciones en la renovación del material móvil condicionan el desempeño de la Policía Nacional y la Guardia Civil, en la medida en que con frecuencia se operan unidades al límite o sobrepasando su vida útil" y recomienda diseñar un plan de renovación de la flota de vehículos a medio y largo plazo.

Respecto a los medios aéreos, señala que entre 2021 y 2025 se redujo el número de helicópteros en servicio de 63 a 56, a pesar de la entrega de 18 unidades (nueve a cada cuerpo) del modelo H-135 entre 2022 y 2025. Además, avanza que hasta 2026 se prevé dar de baja diez unidades de modelos fabricados antes de 1995.

Por ello, el tribunal aconseja también un plan de renovación de la flota de embarcaciones y aeronaves para mantenerlas operativas "sin superar su vida útil" y "preferentemente" dotada de financiación con cargo a los créditos consignados en la Sección del Ministerio del Interior de los Presupuestos Generales del Estado.

NO LLEGA CON LOS PRESUPUESTOS
Y es que, según detalla el informe, la renovación de estas aeronaves y embarcaciones "depende de recursos extraordinarios y, con frecuencia externos, ya que la dotación ordinaria de los créditos de inversiones no permite financiar estas inversiones, que se corresponden con las más costosas de los elementos de transporte".

El órgano que preside Enriqueta Chicano concluye que el departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska tampoco "dispone de recursos suficientes" en los Presupuestos para otras inversiones importantes como la construcción de centros penitenciarios, comisarías o cuarteles y tiene que recurrir a recursos ajenos.

Entre 2021 y 2024, los planes aprobados para infraestructuras penitenciarias, instalaciones de la Policía, la Benemérita, la Secretaría de Estado de Seguridad y los centros de internamiento de extranjeros ascendieron a 356 millones de euros, superando "ampliamente" los 233 millones que los Presupuestos reservaban para inversiones de Interior.

Además, el tribunal explica que estos recursos se han canalizado a través de planes que se asignaban por la Dirección General de Patrimonio del Estado del Ministerio de Hacienda para su ejecución por la Sociedad estatal de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios y de la Seguridad del Estado (SIEPSE), lo que ha dado lugar a una "fragmentación en la consignación de los recursos" que "dificulta la cuantificación" de los mismos, la rendición de cuentas y la evaluación de su eficacia.

INSTALACIONES
El tribunal constata que Interior gestiona uno de los mayores parques inmobiliarios de la Administración General del Estado con más de 3.800 inmuebles, destacando la Dirección General de la Guardia Civil, con 2.789, la de la Policía con 921 y la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, con 115 (65 de ellos centros penitenciarios).

Según reseña, pese al volumen de inversión acometido en el periodo 2021-2024 en mejora y modernización de las infraestructuras y equipamientos del Ministerio del Interior persiste un "elevado número de instalaciones con deficiencias y en mal estado de conservación".

Por ejemplo, desde 2019 la Policía ha clausurado seis dependencias "por inhabitabilidad" y hay seis instalaciones que "adolecen de graves patologías". A su vez, el 10% tiene más de medio siglo y el estado de conservación de más del 30% de sus edificios (313 inmuebles) es "regular o malo".

En el ámbito de la Guardia Civil, se clausuraron una treintena de dependencias y 73 edificios tienen patologías graves. Más del 55% de sobrepasa los 50 años (1.066), un 13% (253) está en "mal estado" o con deficiencias graves y, adicionalmente, el 14% de las viviendas operativas estaban inhabitables o en mal estado. Entre 2021 y 2023, se tramitaron 67 contratos de emergencia por importe de más de 56 millones de euros para atender incidencias en edificios de la Benemérita.

"La dotación para la continuidad de estas inversiones de modernización sigue constituyendo un reto, siendo imprescindible abordar las inversiones más urgentes mediante la dotación presupuestaria oportuna", recalca el informe.

REMODELACIÓN DE PRISIONES
Por su parte, el Plan de Amortización y Creación de Establecimientos Penitenciarios (PACEP) ha supuesto desde su aprobación en 1991 la inversión de 2.932 millones de euros (de ellos 147 millones entre 2021 y 2024) para la construcción de 37 centros penitenciarios y 30 centros de integración social.

Este plan, cuya última modificación prevé su extensión hasta 2028, prevé construir dos centros penitenciarios y reformas en otros 21. Sin embargo, sigue pendiente la construcción de una sede para los servicios centrales, cuyo alojamiento supone mantener un contrato de arrendamiento con un coste de más de 3,5 millones de euros al año.

Además, persisten centros que deben ser remodelados y existe "un déficit de determinadas instalaciones especializadas (hospitales psiquiátricos penitenciarios, unidades de custodia hospitalaria, entre otras)".