Las Cortes debaten ideas de los partidos para ampliar gastos electorales, regular microcréditos o recortar el 'mailing'

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)
La Comisión Mixta (Congreso-Senado) para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas se pronunciará este martes sobre las distintas recetas de los grupos parlamentarios para ampliar los supuestos de gastos electorales en los que incurren los partidos políticos, regular los micrócréditos o recortar el 'mailing' de la propaganda, los sobres y las papeletas que llegan a los buzones del electorado en cada cita con las urnas.

Las distintas formaciones han compendiado sus ideas en la materia en las propuestas de resolución que han registrado a los informes del Tribunal Cuentas relativos a las fiscalizaciones de contabilidades electorales de las generales de 2023 y de los comicios europeos de 2024, que se debatirán y votarán en la citada comisión, donde el PP y Vox suman mayoría.

En estos escritos, a los que ha tenido acceso Europa Press, el PP aboga por concretar nuevos conceptos de la lista de 'gastos electorales' que contempla el artículo 130 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG).

Ahora se consideran gastos electorales los destinados a la confección de sobres y papeletas, a la correspondencia y franqueo, a la propaganda y publicidad directa o indirecta para promover el voto con independencia del medio que se utilice, al alquiler de locales para actos de campaña y a las remuneraciones o gratificaciones al personal contratado para ella y al desplazamiento de candidatos, dirigentes y personal al servicio de la candidatura.

También se incluyen los intereses de los créditos recibidos para la campaña, devengados hasta la fecha de percepción de la subvención correspondiente y los gastos que sean necesarios para la organización y funcionamiento de las oficinas y servicios precisos para las elecciones.

En sus últimos informes, el Tribunal de Cuentas recomienda al Gobierno que se "especifiquen en mayor medida" las categorías de estos gastos electorales y ahora el PP recoge el guante y plantea sus propias propuestas.

ALQUILER DE ESPACIOS PARA ILUSTRAR A INTERVENTORES
Los 'populares' piden que también se consideren como tales la realización y retransmisión de actos, los desplazamientos para los mismos, la organización de comidas y cenas electorales, así como el avituallamiento para interventores y apoderados o el alquiler de espacios para su atención y coordinación.

Por su parte, el PSOE se inclina por modificar la LOREG para incluir una "regulación más específica de las categorías" de estos gastos, pero no especifica medidas concretas. Eso sí, anima a los demás a aprovechar la reforma de la LOREG que se tramita en el Congreso para proponer medidas destinadas a evitar la "falta de correspondencia que puede producirse entre el límite máximo de gasto y el importe de las subvenciones electorales a percibir".

De su lado Vox, quiere que el cálculo de los intereses de los créditos recibidos por los partidos para las campañas y su consideración como gasto reembolsable se realice "hasta el pago de la subvención por parte de las administraciones públicas".

Además, los de Santiago Abascal reclaman al tribunal que unifique los criterios de fiscalización entre todos los procesos electorales y tenga lista su fiscalización de contabilidades de las elecciones generales a los seis meses de su celebración.

Entre las propuestas de Sumar destacan las relativas a los microcréditos a los que recurren los partidos para financiar sus actividades electorales en las se hace eco de las recomendaciones del fiscalizador. Así, plantea que la cuantía máxima por prestamista "no exceda del límite máximo previsto en la normativa electoral para las aportaciones privadas", que ahora está fijado en 50.000 euros anuales.

DEVOLVER EL PRÉSTAMOS EN MENOS DE UN AÑO
También sugiere que los microcréditos se ingresen en las cuentas bancarias electorales, que el plazo para devolverlos no exceda de un año natural desde la celebración de los comicios, que la renuncia a su devolución se formalice preferentemente vía telemática y que sea considerada una donación "a todos los efectos".

Tanto Sumar como el PP y el PSOE defienden una nueva regulación de los microcréditos y que se reforme la Ley de Financiación de Partidos para que las donaciones privadas que se realizan en periodo electoral se entiendan efectuadas en todo caso para financiar ese proceso y, por tanto, se sometan a los requisitos previstos en la Ley Electoral, y se abonen en las cuentas abiertas al efecto.

Por otro lado, PSOE y Sumar comparten con el Tribunal de Cuentas la conveniencia de que se revise la actual fórmula de envío postal personalizado de sobres, papeletas y propaganda electoral con el objetivo de ahorrar costes y también papel, si bien Sumar se muestra más proclive al asumir casi íntegramente las recetas del órgano que preside Enriqueta Chicano.

REPARTIR PAPELETAS EN SEDES O MÍTINES
En particular, Sumar anima a evaluar la "eficiencia material y económica" del conocido como 'mailing' electoral, habida cuenta de que los sobres y papeletas de votación se pueden adquirir en los colegios electorales el día de los comicios. También aboga por un procedimiento, "más acorde con el actual desarrollo de los medios y técnicas de información", que ofrezca más garantías en su ejecución y permita ahorrar, por ejemplo, acudiendo a la compra centralizada de sobres y papeletas.

En sus últimos informes, el propio Tribunal de Cuentas recalcaba que los partidos deben acreditar la puesta a disposición de los electores de todo este material, ya sea mediante su envío postal o por ejemplo haciendo entrega de los mismos directamente a los votantes en sus sedes o en sus actos de campaña.

De su lado, el PSOE se limita a sugerir a los grupos parlamentarios a aprovechar la reforma de la LOREG que se tramita en el Congreso para hacer sus propuestas con vistas a un nuevo procedimiento de los envíos de sobre, papeletas y propaganda, pero no habla de fórmulas alternativas ni de compras centralizadas y sigue contemplando los envíos postales personalizados.

PREREGISTRO TELEMÁTICO EN CORREOS
En este contexto, los socialistas pretenden que las Cortes insten al prestador del servicio postal a implementar un sistema de preregistro telemático de las formaciones políticas que vayan a realizar el envío directo y personal de este material con el objetivo de identificar "de forma inequívoca" los envíos que resulten subvencionables.

También demandan que el operador postal potencie la tramitación electrónica del procedimiento de depósito postal de la propaganda electoral, tanto en el pago del anticipo a cuenta de los envíos como en la justificación de este, en la emisión de los albaranes y en la posterior facturación realizada a los partidos.

Por su parte, el PP insta al Gobierno a disponer de un número de sobres y papeletas para "hacer refuerzos" en las zonas o poblaciones a las que no llega o llega erróneo el 'mailing'" al no garantizar Correos su distribución.

Además, los 'populares' quieren que las Cortes emplacen tanto el Gobierno como al Tribunal de Cuentas a "abstenerse de exigir la sincronización cuantitativa del número de sobres y papeletas electorales confeccionadas con el número de franqueos justificados" ya que, cuando se contratan las papeletas y sobres no se dispone del censo definitivo y se desconoce, por tanto el número exacto que se va a depositar en Correos.