Ibáñez propone un impuesto a los supermercados para reforzar el escudo social ante la crisis energética
El diputado de Compromís insta al Gobierno a ampliar las medidas del escudo social incluyendo un gravamen a las grandes cadenas de alimentación y proteger así a los hogares más afectados por el aumento de combustibles y alimentos.
La escalada de precios de carburantes y productos básicos derivados de la guerra en Irán genera preocupación entre las familias españolas, especialmente las más vulnerables, lo que ha motivado un nuevo llamamiento parlamentario para fortalecer las políticas de protección social.
Alberto Ibáñez, diputado en el Congreso adscrito al grupo de Sumar, reclama que las medidas incluidas en el escudo social vayan más allá de las ayudas actuales, buscando mecanismos adicionales que eviten que la crisis recaiga sobre los hogares con menores recursos.
Ampliación del escudo social
El Gobierno ha puesto en marcha un plan de 80 medidas, aprobadas hace unas semanas en el Congreso, que moviliza hasta 5.000 millones de euros mediante rebajas del IVA a los carburantes y ayudas directas a sectores vulnerables. Sin embargo, Ibáñez considera insuficiente este paquete ante el impacto sostenido de la crisis internacional.
El diputado subraya que “la unidad de las izquierdas pasa por defender techo, energía y cesta de la compra. El escudo social incluye la prórroga de alquileres. Ahora recuperará el impuesto al oligopolio energético. También debería incluir un impuesto inteligente a las grandes cadenas de supermercados”, enfatizando la necesidad de medidas adicionales para garantizar protección integral.
Vivienda y contratos de alquiler
Además de los efectos económicos, Ibáñez destaca la importancia de mantener la seguridad habitacional para los colectivos más desfavorecidos. El Consejo de Ministros ha aprobado un decreto más social que prorroga los contratos de alquiler que vencen este año, aunque aún no ha sido remitido al Congreso para su ratificación.
El diputado advierte que la alianza de izquierdas debe considerar estos aspectos como parte de la agenda de protección social, reforzando la cobertura de vivienda, energía y alimentación en conjunto, para que los hogares con menores recursos no sufran los impactos de la crisis internacional.
Propuestas de coordinación europea
La iniciativa de Ibáñez coincide con movimientos en la Unión Europea, donde España, junto a Alemania, Italia, Austria y Portugal, solicita a la Comisión Europea la creación de un impuesto sobre los beneficios extraordinarios de las empresas energéticas. El objetivo es evitar que la subida de los precios de los combustibles recaiga únicamente sobre los consumidores y que la inflación se incremente sin sobrecargar los presupuestos públicos.
Con estas medidas y propuestas, el debate sobre el escudo social se amplía a la alimentación y la vivienda, incorporando la perspectiva de sostenibilidad económica y justicia social que, según Ibáñez, debería ser prioritaria en la política actual.

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