Junts pide en el Congreso que miembros de bandas armadas puedan ser indemnizados como víctimas de la represión

El PP someterá a votación un texto que plantea la derogación de la ley, pero salvando las labores de localización y exhumación de fosas

El grupo parlamentario de Junts quiere que los miembros de bandas o grupos armados puedan acogerse a las indemnizaciones previstas en la Ley de Memoria Democrática para las personas que murieron o sufrieron lesiones incapacitantes por su actividad en defensa de la democracia entre el 1 de enero de 1968 y el 29 de diciembre de 1978, fecha de entrada en vigor de la Constitución.

Así lo plantea en la enmienda de totalidad con texto alternativo que ha registrado el diputado Josep María Cervera Pinart al proyecto de ley derivado del decreto-ley convalidado en marzo por el Congreso por el que reforma la Ley de Memoria para actualizar la cuantía de las indemnizaciones previstas para los fallecidos o heridos graves como consecuencia de la represión.

Durante el debate de convalidación del decreto ley, Cervera acusó al Gobierno de haber dado un "salto hacia atrás" al excluir de la ley a los "guerrilleros de muchas y variadas ideologías antifranquistas". Y es que, en su opinión, es "legítimo" preguntarse "si una democracia puede negar el reconocimiento a quienes contribuyeron, aunque fuera por medios armados, a combatir una dictadura".

"Reconocer a los guerrilleros no significa glorificar la violencia, significa entender el contexto en el que se produjo y reconocer que en ausencia de libertades la resistencia puede adoptar formas que hoy en una democracia ni nosotros ni los que la utilizaron la consideraríamos de ninguna manera", argumentó.

Para corregir ese extremo y que los miembros de bandas armadas puedan acogerse a estas indemnizaciones, Junts ha presentado un texto alternativo, al que ha tenido acceso Europa Press y que tendrá que debatirse en el Pleno del Congreso.

En concreto, plantean que se elimine del texto ya en vigor el párrafo que excluía a quienes hubieran pertenecido a bandas o grupos armados, y que se añada expresamente que "no podrá excluirse a ninguna víctima incluida" en la Ley de Memoria Democrática.

VÍCTIMAS Y RESISTENTES
Y es que Junts sostiene que esta norma "perpetúa una concepción restrictiva de víctima", e incurre en una "visión incompleta y sesgada de la memoria democrática" al dejar fuera a personas que "en muchos casos combinaron la condición de víctimas con la de resistentes" y que contribuyeron a la defensa de las libertades sufriendo "graves vulneraciones de derechos".

Por su parte, el PP ha aprovechado este trámite parlamentario para volver a plantear la derogación de la Ley de Memoria Democrática. En su texto alternativo además de querer acabar con la normativa vigente incluye una disposición transitoria única relativa a los procedimientos de exhumación.

Así, plantea que hasta la aprobación de una normativa específica relativa a la localización y exhumación de víctimas de la Guerra Civil, las labores de localización e identificación de personas desaparecidas, continúen aplicándose conforme a lo previsto en la ley.

EL GOBIERNO TIENE PROMETIDO EXTENDER A 1983 LOS RECONOCIMIENTOS
Cuando el Pleno del Congreso previsiblemente rechace estos textos alternativos presentados por Junts y PP, se abrirá un plazo para que los grupos presenten enmiendas parciales al proyecto de ley. El Gobierno tiene el compromiso con sus socios de introducir cambios en esa fase.

En concreto, tiene prometido extender la concesión de indemnizaciones por hechos sucedidos hasta el 31 de diciembre de 1983 e incluir en la ley el reconocimiento expreso como víctimas de las jóvenes que ingresaron en el Patronato de Protección a la Mujer. Según adelantó el secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez, el Gobierno también quiere aprovechar este trámite para crear un organismo autónomo para la gestión del Valle de Cuelgamuros.