La Audiencia Nacional ha dictado una sentencia que, más allá de sus tres años de prisión, deja al descubierto un síntoma conocido: la fragilidad con la que se gestionan determinados fondos europeos cuando se mezclan burocracia, distancia geográfica y oportunismo. El caso de David Herrera, condenado por apropiarse de casi 70.000 euros destinados a una misión de la Unión Europea en Somalia, no es solo un episodio delictivo. Es también un recordatorio de cómo ciertos mecanismos institucionales siguen siendo vulnerables a quienes saben moverse entre sus grietas.

El empresario, vinculado mediáticamente a Alberto González Amador —pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso—, logró hacerse pasar por proveedor de la misión europea EUCAP Somalia. Bastó un correo electrónico, una cuenta bancaria alternativa y la información adecuada para desviar una transferencia. La Fiscalía Europea, que asumió la investigación, ha detallado que Herrera obtuvo los datos necesarios a través de un tercero no identificado. Y ahí empieza la parte inquietante: ¿cómo accede un particular a información interna de una misión internacional sin que salten las alarmas?

La sentencia llega después de que la Audiencia Nacional intentara en cuatro ocasiones localizar al acusado para juzgarlo. Finalmente fue detenido en Sevilla. Su nombre había aparecido en la prensa y en debates parlamentarios, especialmente cuando el PSOE quiso citarlo en la comisión de investigación del Congreso sobre los contratos de la pandemia. No era el protagonista de aquel debate, pero su figura se convirtió en un elemento más del ruido político que rodea a todo lo que toca fondos públicos, contratos y relaciones personales de dirigentes.

Conviene recordar que la misión EUCAP Somalia no es un programa menor. Forma parte del esfuerzo europeo por reforzar las capacidades policiales y marítimas de un país que lleva décadas intentando estabilizarse. Que un fraude de este tipo afecte a una iniciativa así no solo supone un perjuicio económico. También erosiona la credibilidad de la cooperación internacional, ya de por sí sometida a escrutinio constante.

La Fiscalía Europea ha subrayado que esta es la primera condena dictada por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional tras una investigación suya en Madrid. Un dato relevante. La EPPO nació precisamente para perseguir delitos que afectan a los intereses financieros de la Unión, y este caso demuestra que su papel no es simbólico. Pero también plantea una pregunta inevitable: si este fraude se detectó, ¿cuántos otros pasan inadvertidos en un sistema que gestiona miles de millones en múltiples países y misiones?

La condena incluye una multa de 3.000 euros y la obligación de devolver la cantidad defraudada. Es lo que corresponde. Pero la reflexión va más allá del castigo individual. La facilidad con la que se ejecutó el engaño debería llevar a revisar los protocolos de verificación, especialmente en misiones que operan a miles de kilómetros y dependen de cadenas de comunicación largas y complejas. La tecnología agiliza procesos, pero también abre puertas a quienes saben aprovechar sus debilidades.

El caso seguirá su curso, porque la sentencia aún puede ser recurrida. Pero deja una lección que conviene no olvidar: la integridad de los fondos europeos no se garantiza solo con auditorías y organismos especializados. También exige una cultura institucional que no dé por sentado que todo funciona como debería. Cuando un simple correo basta para desviar dinero público, el problema no es solo del estafador. Es del sistema que lo permitió.