Las 10 claves de la nueva Ley de la Vivienda: llega el freno a la especulación inmobiliaria

Desde el pasado jueves 27 de abril, y tras una votación en el Congreso de los Diputados, España tiene Ley de Vivienda, una legislación que, a juicio del Gobierno, "refuerza el quinto pilar del Estado del Bienestar, favorece el acceso a la vivienda a precios asequibles, protege de las situaciones de vulnerabilidad y combate la especulación inmobiliaria".

La ley prosperó gracias a los votos del ejecutivo (PSOE y Podemos), pero también con los apoyos de sus socios en esta legislatura, Esquerra Republicana y Bildu (y de formaciones como Más País, Compromís, el PRC y Teruel Existe), con un respaldo de 176 votos que representan la mayoría absoluta del hemiciclo, frente a 167 en contra. Los partidos que se opusieron fueron PP, Vox, Ciudadanos, Junts, PDeCAT, CUP, PNV, Foro Asturias y Coalición Canaria, algunos alegando invasión de competencias.

En la votación, el Bloque Nacionalista Galego (BNG) se abstuvo, aunque también apuntó que la nueva ley podría chocar con las competencias que tienen en materia de vivienda las comunidades autónomas.

Pero más allá de la aritmética política... ¿cuáles son las claves de la Ley?

1) Protección de los derechos de los inquilinos: la ley establece medidas para proteger a los inquilinos, como el aumento de la duración mínima del contrato de alquiler a cinco años y la limitación de las garantías adicionales que los propietarios pueden exigir.

2) Fomento del alquiler social: la ley establece medidas para fomentar el alquiler social, como la obligación de los ayuntamientos de disponer de un censo de viviendas vacías para poder destinarlas a este tipo de alquiler.

3) Regulación de los precios del alquiler: la ley permite a los ayuntamientos establecer índices de precios de referencia para los alquileres en las zonas tensionadas.

4) Protección de los colectivos más vulnerables: la ley establece medidas para proteger a colectivos vulnerables, como las personas mayores o las víctimas de violencia de género.

5) Promoción de la vivienda pública: la ley establece la promoción de la vivienda pública y la obligación de los ayuntamientos de reservar suelos para la construcción de este tipo de vivienda.

6) Fomento de la rehabilitación y la regeneración urbana: la ley establece medidas para fomentar la rehabilitación de edificios y la regeneración urbana, como la reducción del IVA para este tipo de obras.

7) Da a los ayuntamientos la potestad de subir el IBI en un 50% a las viviendas que estén vacías sin justificación más de 2 años. El aumento sería del 100 % si están vacías más de 3 años y del 150% si el propietario tiene varios inmuebles desocupados en el mismo municipio.

8) Se prohíben los deshaucios sin fecha y hora, y en los casos de familias vulnerables sin alternativa se aplicará un sistema de arbitraje que propicie el acuerdo con el arrendador.

9) Quiere crear el marco para combatir el fenómeno del sinhogarismo, algo que ha crecido exponencialmente en los últimos años, según explican entidades como Arrels Fundació.

10) Pretende que, dentro de dos décadas, haya un parque mínimo de viviendas destinadas a políticas sociales del 20% respecto al total de hogares en los municipios donde se hayan declarado zonas de mercado tensionado.