Robert Pastor

A menudo se ha dicho con razón que la única encuesta electoral cierta es la de las papeletas depositadas en las urnas.

Las elecciones de este domingo en el parlamento que integran los tres territorios históricos en la comunidad autónoma vasca tendrán lugar con una ausencia consolidada de violencia terrorista, tras una campaña que, a diferencia de Catalunya, ha supuesto unos debates preferentemente de tipo económico y social, por encima de los proyectos soberanistas o antisoberanista.

Este jueves, día diez, se ha cumplido un año de la intervención de Banca Privada de Andorra tras la sanción internacional del finca, entidad del Tesoro de Estados Unidos. Varias veces el gobierno andorrano había previsto la solución del caso, en forma de venta de la nueva entidad creada, Valle Banco, pero el plazo parece que no se podrá cumplir.

Para la primera quincena de este febrero está previsto el inicio del funcionamiento de Vall Banc (VB), la entidad "buena" fruto de la "limpieza" de los fondos de la antigua Banca Privada de Andorra (BPA), suspendida por las acusaciones de blanqueo. Así lo han previsto el gobierno del principado pirenaico y por eso está trabajando la agencia de reestructuración (AREB) creada a raíz del caso.

El fin de semana pasado, decenas de miles de personas en Bilbao y unos miles más en Bayona, al norte, reclamaban una vez más el acercamiento de los prisioneros de ETA en el país de origen y el aliberament los que patexen malalaties graves. Una reivindicación de tono bastante más bajo que el anterior de amnistía.

La retirada de anuncios con el caballo al galope distintivo de la Banca Privada de Andorra (BPA) creó una sensación de cierre de la entidad. Y todavía no. Las sucursales continúan abiertas, aunque se mantiene el «corralito» y una parte de los empleados fueron interrogados en los puestos de trabajo en relación al asunto, aunque en parte se acogieron al derecho de no declarar.

Todos los datos bancarios de Jordi Pujol Ferrusola (el hijo mayor del ex presidente) han sido enviados ya a la justicia española, por decisión del Tribunal de Cortes, segunda y definitiva instancia judicial en el sistema andorrano, donde el recurso contra una sentencia de la Alcaldía (primera instancia) sólo puede ser recurrida a éste o al Superior, salvo el intento de obtener amparo (que se concede muy excepcionalmente) del Tribunal Constitucional.

El jueves pasado, más de doscientas personas se manifestaron en Andorra la Vella, entre clientes y trabajadores de Banca Privada de Andorra (BPA) bajo el lema «Soluciones ya». La participación fue una de las más numerosas que se recuerdan.