El Estado español vulnera el artículo 24 de la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad sobre el derecho a la educación al mantener estructuras y dispositivos "discriminatorios y segregadores".
El presidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad afirma que la inclusión educativa con apoyos es un imperativo jurídico internacional de derechos.