Casado quiere reunirse con jueces y fiscales para defender a Llanera en Bélgica

Pablo Casado, presidente del PP (Europa Press)

El presidente del PP, Pablo Casado, ha solicitado una reunión con las asociaciones de jueces y fiscales para plantear su oposición común a la "dejación de funciones" del Gobierno y a la "indefensión" en la que según él deja al magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena.

"He solicitado una reunión a las asociaciones de jueces y fiscales para plantear nuestra oposición a la indefensión que sufre el juez Llarena y a favor de la integridad, independencia e inmunidad internacional del Poder Judicial. El Gobierno debe explicar su dejación de funciones", ha escrito el líder de los 'populares' en su cuenta de Twitter.

Esta petición de reunión se produce después de que las asociaciones de jueces y fiscales, a excepción de las progresistas Jueces para la Democracia y Unión Progresista de Fiscales, se adhiriesen ayer viernes al comunicado en el que insta al Ejecutivo a ejercer "una clara y abierta defensa de la jurisdicción española".

Reclaman al Ministerio de Justicia que se persone contra la demanda civil interpuesta en Bélgica contra Llarena por el expresidente de la Generalitat de Catalunya Carles Puigdemont y por cuatro de sus exconsejeros.

ABOGACÍA DEL ESTADO DEFIENDE QUE ESPAÑA SE PERSONE

El informe elaborado por la Abogacía del Estado sobre la forma de actuar ante la demanda civil en Bélgica contra Llarena, defiende que concurren los requisitos para que España se persone en dicho procedimiento sin los reparos añadidos por el Ministerio de Justicia, que condiciona dicha personación a los términos en los que resulte admitida la demanda.

El Ministerio de Dolores Delgado anunció este jueves que los Servicios Jurídicos del Estado defenderían la soberanía de la jurisdicción de los tribunales españoles ante la Justicia belga, pero que "en ningún caso" ello debía entenderse como una defensa personal del magistrado del alto tribunal por "actos privados que se le atribuyen" en la demanda, que acusa a Llarena de vulnerar el derecho a un juicio justo de los exdirigentes catalanes por sus opiniones políticas.