No sería la primera vez que un cargo judicial opta por apartarse en asuntos de índole política.
El ministro del Interior invita a no dar un "altavoz excesivo" a los ataques con lanzamiento de pintura protagonizados por Arran, las juventudes de la CUP, contra la casa del juez del Tribunal Supremo e instructor del 'procés', Pablo Llarena, o la comisaría de la Policía en Terrassa.
La Fiscalía del Tribunal Supremo está cerrando los últimos flecos del escrito de petición de penas para los acusados en el 'procés'.
Acusará de rebelión a los miembros del Govern cesado, aunque no pedirá la pena máxima de 30 años para ninguno.
Las grabaciones a la ministra de Justicia, Dolores Delgado, en las que llama "maricón" a Grande-Marlaska, se cuelan en el debate.
JxCAT y ERC mantienen como diputados a Carles Puigdemont –desplazado a Bélgica–, Oriol Junqueras, Jordi Turull, Josep Rull, Raül Romeva y Jordi Sànchez –en prisión–, aunque con el voto delegado y sin sueldo.
La Justicia belga decidirá en seis semanas si debe tratar el "fondo" de la demanda sobre Llarena. España alega que Bélgica no es competente para juzgar al juez español.
Justicia responde a las acusaciones del PP y Cs de no amparar al juez en el procedimiento judicial y de no dar cumplimiento a las medidas solicitadas por el CGPJ.
En este sentido, tacha de "inasumible" e "improcedente" el intento perpetrado por los exdirigentes independentistas de "fiscalizar o enjuiciar" la actividad de un magistrado español ante órganos judiciales extranjeros.
Esta petición de reunión se produce después de que las asociaciones de jueces y fiscales, a excepción de las progresistas, se adhiriesen al comunicado en el que insta al Ejecutivo a ejercer "una clara y abierta defensa de la jurisdicción española".
En la época que estamos, en pleno verano, con altas temperaturas en la mayor parte de España, lo que realmente apetece es darse un buen baño que haga más llevadero los efectos de la calor o ir a la montaña, para aquellos que la prefieran.
Pablo Llarena denuncia "falta de compromiso" de este tribunal con unos hechos que, dice, podría haber quebrantado el orden constitucional español.
En ciertos ámbitos políticos de Catalunya se teme que el nuevo clima abierto entre La Moncloa y la Generalitat y los sucesivos reveses de las autoridades judiciales de Bélgica, Suiza, Alemania y Escocia al juez Llarena sean la excusa para dar un vuelco a la causa.
Con este panorama, la visión que muchos ciudadanos tienen es la de que España, una vez más, está siendo vejada por un país miembro de la EU, lo que deja en muy mal lugar al Gobierno de Sánchez, antes de Rajoy.
"El ministro de Exteriores español advierte a su embajada de que existe un problema en Bélgica y debe intervenir en defensa de los intereses del Estado español", sentencia Josep Borrell.
El juez del Supremo suspende de cargo público a Carles Puigdemont y otros cinco investigados que mantienen su acta como diputados en el Parlament y declara la rebeldía de todos los investigado fugados.
Deniega la nueva petición de libertad de Forcadell, Junqueras y Romeva e insiste en que persiste el riesgo de fuga y de reiteración delictiva.
Presentan una demanda civil contra el juez en Bélgica y una posterior recusación del magistrado en el Tribunal Supremo.
Llarena apoya que la secretaria del juzgado 13 sea testigo protegido por temor a padecer acoso: "Yo también lo sufro".
El instructor de la causa por el proceso independentista en el Tribunal Supremo, Pablo Llarena, quiere aclarar los hechos acontecidos en la sede de la Conselleria de Economía.
La decisión se ha tomado con los votos a favor de JxCat y ERC, que tienen mayoría en el órgano rector de la Cámara.