Intranquilidad entre jueces y fiscales del Supremo por la postura del Gobierno ante el 1-O

María José Segarra, Fiscal General del Estado (Europa Press)

Los jueces y fiscales del Tribunal Supremo relacionados con la causa del ‘procés’ independentista se muestran inquietos ante la postura de la nueva Fiscal General del Estado, María José Segarra.

Así, tras conocer la resolución del tribunal alemán de extraditar a Puigdemont unicamente por el delito de malversación, Segarra se apresuró a decir que "sólo tenemos información de la prensa. De momento no podemos decir más. Cuando analicemos la resolución, ya se lo diremos. La fiscalía seguirá dando apoyo y creyendo en los mecanismos de cooperación y confianza mutuas y seguiremos trabajando en este sentido".

No obstante, en el Supremo temen que el varapalo del tribunal de Schleswig-Holstein sea la excusa para que el Gobierno, a través de la fiscal general, dé un vuelco al caso. En su comparecencia tras la Cumbre de la OTAN, Pedro Sánchez afirmó que "lo importante es que van a ser juzgados en España". A lo que se suma la insistencia desde la Fiscalía General en la "imprescindible unidad de la causa". Es decir, que todos los procesados sean juzgados por los mismos delitos.

Cabe recordar que dos fiscales generales, el fallecido José Manuel Maza y su sucesor, Julián Sánchez Melgar, han mantenido la estrategia y el criterio de la Fiscalía, que ha coordinado en el juzgado de Pablo Llarena otra exfiscal general, Consuelo Madrigal.

Sin embargo, el deshielo de este lunes entre Pedro Sánchez y Quim Torra y la cita de este jueves entre sus número dos, Carmen Calvo y Pere Aragonés, han desatado las suspicacias. En una entrevista en RAC1, el vicepresidente catalán ha puesto la pelota en el tejado de la fiscal general, María José Segarra, y por elevación en la ministra de Justicia, Dolores Delgado. "La Fiscalía española tiene una oportunidad de oro para corregir su enfoque", ha dicho Aragonés, para quien el juez Llarena "va por la autopista y todos van en sentido contrario". "Ha tenido que venir un tribunal alemán a decirle que la rebelión armada es una construcción jurídica para amenazar al Ejecutivo catalán que no se sostiene", ha sentenciado. En definitiva, la fórmula pasaría por que los fiscales del procés retiren la acusación por rebelión y la edulcoren en uno delito de sedición o, simplemente, de malversación.

Una tesis que comparte el PDeCAT cuyo portavoz en el Congreso, Carles Campuzano, ha exigido como fundamental “que la Fiscalía General del Estado reconsiderase las acusaciones de rebelión y espero que la nueva fiscal lo pueda hacer".

Por lo que en ciertos ámbitos políticos de Catalunya se teme que el nuevo clima abierto entre La Moncloa y la Generalitat y los sucesivos reveses de las autoridades judiciales de Bélgica, Suiza, Alemania y Escocia al juez Llarena sean la excusa para dar un vuelco a la causa. En cualquier caso, será ya la Sala del Alto Tribunal la que tenga en sus manos el futuro penal de Puigdemont y el resto de líderes del 1-O.