El Consejo de Estado discute este martes la reforma de la Constitución para limitar los aforamientos

El Pleno del Consejo de Estado se ha convocado a las 11.30 horas de este martes para discutir la reforma de la Constitución para limitar los aforamientos. A la reunión podrá asistir la exvicepresidenta del Gobierno Soraya Saénz de Santamaría, recién incorporada al organismo tras su abandono de la política.

En la reunión del martes, el Pleno del Consejo de Estado discute a puerta cerrada el borrador de propuesta reforma de la Constitución que le pueda encargar el Gobierno.

El martes, la propuesta que han preparado para acotar los aforamientos se discutirá por el Pleno del Consejo de Estado, del que forman parte, entre otros, la fiscal general del Estado, María Jesús Segarra y la abogada general del Estado, Consuelo Castro.

Delitos de corrupción, excluidos del fuero

El Gobierno tan sólo le ha indicado al Consejo de Estado que su voluntad es la de restringir el aforamiento al "estricto ejercicio" de sus funciones como cargo público, excluyendo aquellos delitos asociados con la corrupción. Pretende el Ejecutivo con este cambio terminar con la sensación imperante entre la ciudadanía de que el fuero de ministros y parlamentarios supone un privilegio.

Pero esta idea podría requerir especificar uno a uno los delitos que no estarían cubiertos por el aforamiento, lo que no corresponde precisar en la Constitución con ese grado de detalle.

En España hay actualmente casi 250.000 aforados, de los que algo más de 232.000 son miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad estatales o autonómicos, cinco de la Familia Real y el resto (17.603) pertenecen a instituciones del Estado y de las Comunidades Autónomas (políticos, miembros de las Carreras Judicial y Fiscal, integrantes de órganos como el Tribunal de Cuentas y el Consejo de Estado, Defensores del Pueblo estatal y autonómicos, etc).

Una vez que el Gobierno remita a las Cortes su propuesta de reforma limitada de la Constitución para acotar los aforamientos, ve posible tramitar este cambio en tan sólo 60 días. El Ejecutivo, además, ha asumido con normalidad la posibilidad de que la reforma limitada de la Carta Magna sea sometida a referéndum. Sólo con que un 10 por ciento de los diputados lo pida -Unidos Podemos ya ha avanzado esta intención- es obligado proceder a esa consulta.