La Junta Electoral pide un nuevo informe tras la mofa de Torra a su orden

La Junta Electoral Central (JEC) ha pedido a la Delegación del Gobierno en Cataluña un nuevo informe sobre el grado de cumplimiento por parte de la Generalitat de la orden de retirada de lazos amarillos y banderas esteladas de los edificios dependientes del Govern, ha informado el Ejecutivo.

Este nuevo informe deberá obrar en poder de la JEC antes de las 16.00 horas de este jueves y tendrá que precisar si los lazos amarillos y esteladas han sido sustituidos por otros elementos, detalla la solicitud del supervisor electoral.

Como la petición anterior a la Delegación del Gobierno en Cataluña, la JEC demanda que la documentación que se le aporte vaya acompañada de fotografías.

"El Gobierno está a disposición de las indicaciones de la JEC y seguirá sus instrucciones tantas veces como sea requerido", señalan fuentes de Moncloa.

La JEC tiene previsto reunirse este jueves para tomar una decisión ante la negativa del presidente de la Generalitat, Quim Torra, a aceptar la orden de retirar los lazos amarillos y las 'esteladas' de edificios públicos en Cataluña.

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Aunque dos empleados municipales de limpieza han sacado este jueves de madrugada los lazos atados a las vallas que protegen la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona, en la plaza Sant Jaume, el president de la Generalitat dijo que no daría ninguna orden en este sentido.

Torra desatendió la pasada semana el primer plazo de 48 horas que le había dado la JEC para quitar esos símbolos por ser contrarios a la neutralidad que se exige a los poderes públicos en periodo electoral, y este martes tampoco atendió el ultimátum extra de 24 horas que se le había dado.

PUEDE ACARREARLE SANCIÓN O INHABILITACIÓN

Este incumplimiento del presidente catalán, a quien van dirigidos los requerimientos de la Junta Electoral, puede derivar en la apertura de un procedimiento administrativo, con posibilidad de una multa que va de 300 a 3.000 euros, e incluso en una investigación judicial si el caso se remite a la Fiscalía al apreciarse un delito de desobediencia.

Hay un precedente por un hecho similar, el de la alcaldesa de Berga (Barcelona), Montserrat Venturós, de la CUP, que fue condenada en 2018 a seis meses de inhabilitación para ejercer cualquier cargo público y a una multa de 540 euros, la mínima atribuible a un delito de desobediencia, por haberse negado a descolgar una bandera 'estelada' colocada en el balcón del ayuntamiento durante las elecciones autonómicas y generales de 2015.

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El Gobierno informó este martes a la Junta Electoral Central de que el Palacio de la Generalitat y ocho consejerías del Gobierno catalán continuaban exhibiendo lazos amarillos, conforme a los datos que le trasladó la Delegación del Gobierno en Cataluña que dirige Teresa Cunillera.

ORDEN A LOS MOSSOS 

Además, aprovechó para recordar que la JEC es competente para dar los siguientes pasos, tanto si decidiera remitir los hechos a la Fiscalía como si ordenase a las fuerzas de orden público el cumplimiento de su instrucción de retirar los lazos. En este último caso, la tarea de retirar los lazos amarillos correspondería a los Mossos D'Esquadra.

Todo el asunto y las posibles medidas que se adopten se estudiarán en una reunión que el supervisor electoral celebrará a partir de las cinco de la tarde de este jueves bajo la presidencia del magistrado Segundo Menéndez y en el que se abstendrán los dos jueces del Supremo que forman parte del tribunal del juicio del procés, Luciano Varela y Ana María Ferrer.