Vox denuncia ante el Defensor del Pueblo que Prisiones "criminaliza" a los funcionarios con la última orden de servicio

Macarena Olona afirma que esta normativa dota de "presunción de veracidad" a la "simple" palabra de los reclusos que denuncien torturas

La secretaria general del Grupo Parlamentario VOX, Macarena Olona, ha registrado un escrito de denuncia ante el Defensor del Pueblo para exigir que se respeten los derechos fundamentales de los funcionarios de Prisiones por entender que la orden de servicios dictada por la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, el pasado 1 de julio, criminaliza a los funcionarios.

Olona, que ha calificado esta orden de "arbitraria e ilegal", explica que con esta acción de Instituciones Penitenciarias se dota de una presunción de veracidad a la "simple palabra" de los reclusos que denuncien torturas, produciéndose así una "ignominiosa" infracción de nuestra legislación procesal.

En este sentido, VOX expone que, según esta orden de servicio, con el solo testimonio del preso en cuestión, los funcionarios pueden ser acusados "injustamente" de torturas "sin ningún elemento objetivo de corroboración periférica".

En una nota de prensa emitida por esta formación política afirman que, a día de hoy, el Ministerio del Interior "obliga" a la Administración penitenciaria a remitir todas las denuncias a la jurisdicción penal, incluso cuando los partes de lesiones contradicen estas supuestas acusaciones de malos tratos.

"Las estadísticas demuestran que no cabe una criminalización de su función", ha asegurado Macarena Olona tras explicar que en el período de 2009 a 2018 se registraron en total 758 informes de inspección penitenciaria, de los cuales sólo 11 concluyeron con sanción. Es más, añade VOX, en ningún caso se denunciaron torturas, sino presuntos malos tratos. Y precisa también que de las 111 denuncias presentadas en 2018, ninguna concluyó en sanción.

La secretaria general ha añadido que "los funcionarios públicos no se merecen esta criminalización y que VOX esta aquí para alzar la voz". "Lo siguientes que haremos será, una vez que se hayan constituido las Comisiones (en el Parlamento), reclamar la comparecencia del secretario general de Instituciones Penitenciarias en el Congreso", ha asegurado.