PP y Cs apuestan por limitar a ocho años los mandatos de presidente y consejeros en la Comunidad de Madrid

PP y Ciudadanos han recogido en su acuerdo de gobernabilidad para la Comunidad de Madrid limitar a ocho años los mandatos del presidente y de los consejeros así como por reforzar los órganos de control interno en la Administración, para lo que estudiarán implementar un cuerpo de interventores específico.

Además, quieren que se refuercen los procesos de selección de los directivos que responderán a criterios de transparencia, concurrencia y objetividad, valorando la experiencia y la formación acreditadas para el desempeño del cargo. Estarán además sujetos a una continua evaluación.

Revisarán la actual estructura del sector público, eliminando aquellos organsismos que no respondan a criterios de interés general, eficacia y eficiencia y/o supongan una duplicidad de las competencias y, además, evaluarán el impacto socieconómico de las políticas públicas y de las subvenciones concedidas.

Ambas formaciones quieren crear un canal seguro e independiente para que los empleados públicos de la autonomía puedan denunciar posibles casos de corrupción e irregularidades de forma confidencial.

En este sentido, asumen un compromiso de "tolerancia cero" contra la corrupción y cesarán "inmediatamente" a cualquier miembro del Gobierno o algo cargo que esté siendo investigado por delitos de este tipo. Asimismo, impulsarán una reforma del Estatuto de Autonomía para eliminar los aforamientos.

DEFENDERÁN LA UNIDAD DE ESPAÑA
En el acuerdo, recogen de manera expresa que defenderán la unidad de España desde la Comunidad, la Constitución y el Estado de las Autonomías "como garantía de un país de ciudadanos libres e iguales". Así, exigirán la utilización de todos los instrumentos del Estado para hacer frente "al separatismo y a cualquier amenaza" hacia al orden constitucional, incluida la aplicación del 155.

En materia de Justicia, quieren que la Administración sea "más eficiente" con 'cero papel' así como impulsar un plan integral de infraestructuras. Impulsarán una reforma legislativa para que la Asamblea deje de designar a una de cada tres plazas de las Salas de lo civil y lo penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM).

También incentivarán que haya más Policía Nacional y Guardia Civil para velar por la seguridad de los madrileños y aprobarán un proyecto de Ley de Protección Civil que unifique la "dispersa normativa" así como impulsarán un nuevo proyecto de ley de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas en la Comunidad.