domingo, 22 de septiembre de 2019 19:01
Politica

ETA asesinó a 24 personas que habían sido concejales entre 1975 y 2011, año en que el 20% de los ediles llevaba escolta

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Jonan Fernández, Gorka Urrutia y José Ramón Intxaurbe

Gobierno Vasco registra "en la construcción de la memoria" la injusticia padecida por quienes sufrieron violencia de persecución

ETA asesinó a 24 personas que eran o habían sido concejales entre 1975 y 2011, año en el que el 20% de los ediles llevaba escolta, un total de 511. Estos datos se recogen en el informe que ha elaborado el Gobierno Vasco sobre la injusticia padecida por concejales que sufrieron violencia de persecución (1991-2011). El estudio ofrece una descripción cuantitativa y cualitativa del "sufrimiento injusto" provocado a ediles que sufrieron amenazas y acoso directo en el marco de la violencia de la organización terrorista.

El secretario general de Derechos Humanos, Convivencia y Cooperación, Jonan Fernández, y los autores del informe, José Ramón Intxaurbe y Gorka Urrutia, han presentado en una rueda de prensa en San Sebastián el contenido del informe que, entre otras cuestiones, revela que ETA asesinó a 24 personas que eran o habían sido concejales entre 1975 y 2011.

Este estudio da continuidad a una serie de informes que vienen elaborándose en esta y la anterior legislatura y que, en conjunto, "configuran una contribución, ordenada por piezas, al derecho a la verdad sobre las vulneraciones de derechos humanos y al derecho al reconocimiento de la injusticia padecida por las víctimas", ha apuntado Fernández.

Ese trabajo desarrolla -y específica en el colectivo de concejales- un estudio anterior, presentado 31 de marzo de 2016 y titulado Informe sobre la injusticia padecida por las personas amenazadas por ETA (1990-2011).

La Secretaría General de Derechos humanos, Convivencia y Cooperación encargó a principios de 2018 al Instituto de Derechos Humanos Pedro Arrupe de la Universidad de Deusto, un informe que reflejase y analizase la injusticia padecida por aquellas personas que ocuparon puestos de concejal en Euskadi y que sufrieron violencia de persecución o amenazas por parte de ETA, mayoritariamente del PSE-EE y del PP.

También refleja el acoso específico padecido, a partir de 2003, contra concejales de todos los partidos que ocupaban concejalías que podían haber sido ostentadas por las candidaturas ilegalizadas, tras la aplicación de la Ley de Partidos.

El secretario general de Derechos Humanos, Convivencia y Cooperación ha afirmado que "la clarificación del pasado en materia de vulneraciones de derechos humanos es fundamental para la construcción de la convivencia y la memoria". "Con estos informes no hablamos solo de datos cuantitativos, hablamos de personas concretas, de familias enteras y de un sufrimiento inmenso, prolongado y poco visibilizado", ha añadido.

ANÁLISIS CUANTITATIVO
En el informe se recoge un total 24 personas que, en el ejercicio de su función de concejales de ayuntamiento, fueron asesinadas por ETA. De 1975 a 1980, 8 personas, y entre ese año y 2011, otras 16 personas. El impacto de la amenaza sobre el colectivo de concejales señalados "no era solo una percepción subjetiva, sino una realidad objetiva y con efectos permanentes sobre la totalidad de su vida personal y la de sus familias".

En el informe a modo de referencia se refleja el número de concejalas y concejales por año que llevaron escolta en el periodo 1991-2011, y que fueron protegidos por el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco. La mayor parte de estas personas estuvieron escoltadas en un periodo como mínimo de 1 año y hasta 13 años.

La gran mayoría tuvieron que comenzar con estos operativos a partir del año 1999, que es el punto de inflexión en el que se recrudece la estrategia de acoso, intimidación e incluso asesinato del colectivo de concejales y que también coindice con el final de la tregua de 1998. El informe destca 2011 como el momento temporal con más concejales con escolta, que asciende a 511. Un 20% de los concejales vascos que había ese año tuvieron que llevar escolta.

ANÁLISIS CUALITATIVO
El equipo redactor del informe ha llevado a cabo 14 entrevistas con un cuestionario semiestructurado. La mayoría de las personas entrevistadas ejercieron el cargo de concejal en municipios del País Vasco entre los años 1991 y 2015. En su mayor parte eran cargos de PSE-EE y PP, aunque también se ha entrevistado a ediles de PNV y EA.

Adicionalmente, también se recoge el punto de vista de familiares de estos cargos públicos para reflejar el impacto que este acoso tuvo en las personas con las que convivían.

Según destacada el estudio, "las amenazas fueron constantes, en muchas de las ocasiones en espacios públicos, y con una clara intención de amedrentar a sus destinatarios cuyos nombres y apellidos con frecuencia eran explicitados en la amenaza".

Toda esta "presión y acoso" sufridos "día tras día, sin interrupción", provocaron "sufrimientos intensos, profundos y prolongados con sentimientos de aislamiento, soledad y amenaza constante". Algunas de las personas entrevistadas relatan que las afecciones a la salud "no tardaron en manifestarse, incluso, en ciertos casos, años después con un diagnóstico de estrés postraumático".

También queda reflejado en estas entrevistas el caso de personas que, tras sufrir ataques en su propia casa, se vieron obligadas a cambiar de domicilio y vivir escoltadas en su residencia fuera de Euskadi. Las entrevistas ponen de manifiesto que la principal fuente de ansiedad tuvo que ver con la afección que en sus familiares tuvieron las coacciones y la violencia ejercida contra las concejalas y concejales.

Jose Ramón Intxaurbe ha asegurado que las víctimas desean que "quede constancia" de la situación que vivieron, en la que existió "cierto control del espacio público por parte de ETA", y que esta quede destacada como "injusta, patológica y que ha conllevado exclusión moral".

Jonan Fernández ha explicado que, con estos informes, el Gobierno Vasco "no habla solo de datos cuantitativos". "Hablamos de personas concretas, de familias enteras y de un sufrimiento inmenso, prolongado y poco visibilizado".

"Con la presentación de este informe queremos que aquellas personas que fueron concejalas y concejales, mayoritariamente del PSE y del PP, amenazadas o perseguidas por el hecho de serlo, sepan que conocemos el sufrimiento que padecieron, que afirmamos la injusticia de aquel sufrimiento, que este informe registra aquella realidad de modo oficial en la construcción de la memoria, y es expresión de solidaridad hacia sus víctimas".

El informe presentado este viernes es de acceso público y será depositado en el Instituto Gogora. Además, supone una ocasión de "realizar un ejercicio de empatía colectiva para entender qué tipo de opresión física, psicológica, familiar y humana pudo suponer para una persona vivir un día tras otro con el peso de la amenaza de perder la vida violenta e injustamente".

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