El Supremo ultima las penas para los acusados del juicio del procés

El Tribunal Supremo ultima la sentencia del procés con varias opciones sobre la mesa, entra las que figura los años de cárcel para cada uno de los dirigentes independentistas que ya se encuentran en prisión preventiva desde hace dos años.

La Fiscalía siempre ha defendido que hubo rebelión, mientras que la Abogacía del Estado, que representa al Gobierno central, apuesta por la sedición, y las defensas sostienen que solo hubo desobediencia.

Fuentes judiciales sostienen que habrá condenas para los líderes soberanistas y que el debate entre los magistrados se ciñe ahora en los años que los acusados deben pasar en un centro penitenciario.

Las mismas fuentes resaltan que si el tribunal que preside el juez Marchena tuviese previsión de absolverles, ya les habría puesto en libertad incluso sin haber finalizado la sentencia.

La rebelión se castiga con hasta 30 años de prisión, mientras que la sedición conlleva penas de hasta 15 años.

LOS JORDIS

La Sala que ha juzgado el caso del procés independentista en el Tribunal Supremo ha dado traslado este miércoles a las defensas de todos los encausados de la petición de la Fiscalía para que celebre un vista que permita prorrogar la medida de prisión preventiva que pesa sobre el expresidente de la Assemblea Nacional Catalana (ANC) y diputado suspendido de JxC Jordi Sánchez y el responsable de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart.

Ambos cumplen prisión preventiva desde el 16 de octubre de 2017 por la causa del procés'y su situación debería ser revisada en el supuesto de que la sentencia que se espera conocer en los próximos días supera dicha fecha.

La petición se produce un día después de que las defensas de los 'Jordis' hayan presentado sendos escritos contrarios a la celebración de la vista en los que se vuelve a solicitar la puesta en libertad de sus patrocinados.

Todos estos trámites tienen un objetivo meramente formal para el caso de que la sentencia no se haga pública antes de que termine el plazo previo a la necesidad de prórroga, si bien es poco probable que esto ocurra según las previsiones del propio tribunal. Si no hay sentencia y se celebra una vista, sería por videoconferencia desde la prisión de Lledoners (Barcelona), según fuentes jurídicas.

Las partes deben pronunciarse sobre esta cuestión después de que la Fiscalía solicitara a la sala que juzgó este caso la celebración de una vista para decidir sobre la prórroga de prisión de ambos, al cumplirse ya los dos años que fija la ley de máximo para revisar la permanencia de ambos en la cárcel sin que exista sentencia.

La defensa de Sánchez ya ha manifestado que, "comoquiera que esta parte entiende que no procede acordar la prórroga de la prisión provisional, interesa que se dicte Auto acordando la libertad provisional de nuestro mandante sin necesidad de convocar la comparecencia prevista en el artículo 505 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal", según señala su escrito.

Por su parte, Cuixart solicita dejar sin efecto la medida de prisión provisional, tal y como han pedido numerosos organismos y asociaciones internacionales especializados en la defensa de los derechos humanos.