EL CGPJ certifica que Florit cumple los requisitos para poder jubilarse de manera anticipada en enero de 2020

Tras la petición del juez, acusado en el 'caso Móviles'
La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha certificado este jueves que el juez Miguel Florit, acusado por el conocido como 'caso Móviles', cumple todos los requisitos para poder jubilarse de manera anticipada el 31 de enero de 2020, tal como ha solicitado.

Según han informado desde el CGPJ, la Comisión considera que concurren todos los elementos, condiciones y requisitos establecidos en la ley para acceder a la misma. Ante esta propuesta, Florit dispone de un plazo de 15 días para efectuar alegaciones.

Cabe destacar que esta no es una resolución definitiva pues Florit puede presentar alegaciones. El Reglamento de la Carrera Judicial prevé que el procedimiento de jubilación voluntaria o anticipada se inicie a instancia del interesado, tal como ocurre en este caso.

En particular, una vez iniciado el procedimiento, la Comisión Permanente constata el cumplimiento de las condiciones necesarias para la jubilación y elabora una propuesta de resolución de la que se da vista al interesado para que pueda formular alegaciones. Cumplido esto, el asunto se remitirá de nuevo a la Permanente para su resolución definitiva.

El juez actualmente se encuentra de baja y a la espera de que se ponga fecha para el juicio contra él. Antes del juicio, tendrá que resolverse el incidente de recusación planteado por la Fiscalía a los jueces del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) que llevan el caso y al que se ha adherido Florit. 'Diario de Mallorca', su periodista Kiko Mestre y Agencia EFE se han opuesto a dicha recusación.

Europa Press y 'Diario de Mallorca' presentaron una querella contra Florit por ordenar la obtención del listado de llamadas y posicionamientos de dos periodistas e incautar sus móviles.

En el juicio piden condenar a Florit a penas que suman 42 años de inhabilitación por prevaricación, vulneración del secreto profesional, delito contra la inviolabilidad del domicilio e interceptación ilegal de comunicaciones.