viernes, 10 de julio de 2020 08:04
Politica

Malestar entre la judicatura por el nombramiento de la exministra Dolores Delgado como nueva fiscal general del Estado

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La ministra de Justicia en funciones, Dolores Delgado, interviene en la presentación de la campaña 'Cambia el marco. Nuevas miradas para una sociedad intercultural' impulsada por la Fundación Plura


Magistrados del Tribunal Supremo han recibido con "sorpresa" y cierta incredulidad la decisión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de proponer a la exministra Dolores Delgado como nueva fiscal general del Estado, en sustitución de Maria José Segarra. En la mayor parte de los casos se califica la elección de "desafortunada" y "polémica" al suponer un salto directo desde el Ejecutivo a la cúpula del Ministerio Público.


Otros auguran choques con los cuatro fiscales del 'procés' respecto a los criterios para gestionar la ejecución de la sentencia que condenó por sedición a los líderes independentistas catalana y tambien de cara a futuros procesos, como los que afectan al expresident de la Generalitat huido en Bélgica Carles Puigdemont y al actual president Quim Torra.


Se refieren a la circunstancia de que la Fiscalía sea la encargada de decidir, por ejemplo, la procedencia o no de un eventual recurso en el caso de que se decida una progresión de grado de los presos por sedición que se encuentran en Cataluña. También deben elaborar informes en relación con la situación del expresident procesado huido en Bélgica Carles Puigdemont o con la decisión de la Junta Electoral que retiró la acreditación como diputado del actual president Quim Torra, pendiente aún de resolución en el alto tribunal.


Por ello, algunos magistrados auguran futuros enfrentamientos con los denominados fiscales 'indomables'-Javier Zaragoza, Fidel Cadena, Consuelo Madrigal y Jaime Moreno- que han actuado en este proceso defendiendo a capa y espada su criterio inicial de acusar por rebelión y oponiéndose con dureza a cualquier salida de prisión de los condenados, incluso tras la sentencia el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que reconoció la condicion de europarlamentario del líder de ERC en prisión Oriol Junqueras.


RESOLUCIÓN DE DISCREPANCIAS EN FISCALÍA


Para el caso de futuras discrepancias, las mismas fuentes aluden al artículo 27 del Estatuto Fiscal, que permite a los fiscales que estimen improcedentes las órdenes de sus superiores hacérselo saber mediante informe razonado y acudir a la junta de la Fiscalía si las instrucciones le siguen pareciendo insatisfactorias. Esta consulta se hará a la Junta de Fiscales de Sala (la cúpula de la Carrera) si la orden procede del fiscal general.


Otras fuentes consultadas reprochan la ausencia de "categoría órgánica ni doctrinal" de Delgado para doblegar a los denominados 'indomables' en el caso de existir valoraciones discrepantes, y recuerdan el "desamparo" en el que la ministra Delgado dejó al instructor de la causa, Pablo Llarena, por su tardanza en ofrecerle a la Abogacía del Estado para hacer frente a la demanda civil que le presentó Puigdemont en Bélgica.


También reprochan los magistrados el momento del anuncio, pocas horas antes de que tomara posesión de su cargo su sucesor en el ministerio de Justicia, Juan Carlo Campo, y especialmente el "lastre" que supone que el jefe del Ejecutivo no haya encontrado oro lugar para buscar nuevo fiscal general que su propio equipo de ministros.


EL ANTECEDENTE DE MOSCOSO


Apuntan el antecedente de Javier Moscoso, designado fiscal general en 1986, nada más concluir la legislatura en la que fue ministro de la Presidencia, cuya validación por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), un trámite que en la práctica totalidad de ocasiones es automático, originó una agrio debate en el órgano de gobierno de los jueces. El CGPJ se dividió respaldando al candidato por 13 votos frente a 6 y uno en blanco.


En dicha ocasión discrepantes esgrimieron que elegir una persona que ha ocupado un puesto en el Ejecutivo podría derivar en una excesiva inclinación del designado a vincularse a la política del Gobierno.

Otros de los consultados por Europa Press se muestran confiados en que Delgado, a quien valoran como fiscal que se pone al frente de la Carrera, supere este "laste" inicial y se coloque al nivel de Segarra, de quien destacan el nivel de autonomía que ha dado a los fiscales a su cargo.


DOS MINISTROS DE JUSTICIA


En otros ámbitos como es el Tribunal Constitucional las fuentes consultadas por Europa Press subrayan que la designación de Delgado es un reconocimiento del hecho de que el puesto de fiscal general es un cargo de la entera confianza del presidente del Gobierno, y no del ministro de Justicia, además de un ascenso en este caso. En la práctica, apuntan las fuentes citadas, el Gobierno tendrá dos Ministros de Justicia, uno para los jueces, el magistrado Campo con sede en la calle San Bernardo de Madrid, y otro para los fiscales, en el palacio de Fortuny.


Otros consultados insisten en lo desafortunado de la elección de cara a la imagen de independencia que debe conllevar el Ministerio Público. "Hará reales las palabras de Sánchez, cuando en una entrevista aludió a que la Fiscalía podría tener dependencia directa del Gobierno". Se refieren también estas fuentes al caso diferente de los jueces, pues "alguno ha sido apartado de un caso por mucho menos, por su relación por ejemplo con una fundación vinculada a un partido político", en clara alusión al juez de la Audiencia Nacional Enrique López por dar conferencias en FAES.


En todo caso, concluyen, deberá dejarse trabajar a Delgado antes de hacer un diagnóstico definitivo de lo que supondrá su nombramiento, porque además los cargos "vienen y van" pero los miembros de la Fiscalía "permanecen".


PERJUDICA "LA IMAGEN DE IMPARCIALIDAD"


La mayoría de las asociaciones de jueces y fiscales se han mostrado muy críticos con el nombramiento de Dolores Delgado como nueva fiscal general del Estado, dado que hasta "anteayer" era ministra de Justicia, algo que consideran que compromete la apariencia de imparcialidad del Ministerio Público.

Así lo manifestado la presidenta de la Asociación de Fiscales (AF) --la mayoritaria de la carrera--, Cristina Dexeus, que ha asegurado que es "una manera muy clara de indicar" que el Gobierno quiere tener "sometida" a la Fiscalía.


ESTUPOR


En declaraciones a Onda Cero, Dexeus ha reconocido que la noticia le ha causado "estupor" y que no le parece "adecuado" su designación como la máxima representante del Ministerio Fiscal, ya que ha ejercido un puesto político y esto supone "retorne sin más a la carrera" fiscal.


La portavoz de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), Teresa Peramato, --asociación de la que era miembro Delgado antes de ser ministra de Justicia-- ha reconocido que el nombramiento "puede provocar reticencias". Sin embargo, en declaraciones a Europa Press, ha destacado que "hay que dar un voto de confianza", ya que Delgado es consciente de que el fiscal general del Estado es una figura "absolutamente independiente durante su mandato".


Asimismo, para la UPF el hecho de que la nueva fiscal general haya formado parte del anterior Gobierno es algo "positivo", pues el conocimiento desde la Administración se une a los adquiridos como fiscal, carrera en la que ingresó "hace más de 30 años". Eso hace que conozca perfectamente los "principios de autonomía, legalidad e imparcialidad" y "reivindicaciones pendientes" del Ministerio Público, ha apuntado.

Por su parte, la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) afirma que tiene "reservas" con esta propuesta del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ya que puede perjudicar a la "imagen de imparcialidad" del Ministerio Fiscal.


CUESTIÓN "BASTANTE EXTRAÑA"


"Es una cuestión bastante extraña que el viernes sea ministra y el lunes fiscal general del Estado", ha indicado el portavoz de esta asociación, Juan Antonio Frago, quien ha destacado que sobre la causa del 'procés' independentista, Delgado hizo una serie de declaraciones públicas que "pueden afectar en su deber de imparcialidad como fiscal general del Estado".


Esta opinión de los fiscales es compartida por alguna asociación de jueces, ya que ven "un poco sorprendente y negativa" la noticia que se ha conocido este lunes, pues "no transmite una imagen buena de imparcialidad" y perjudica a la "credibilidad" de los ciudadanos en la institución y en la Justicia, tal y como ha asegurado el portavoz de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), Jorge Fernández Vaquero.


Según Fernández, que Delgado esté a la cabeza del Ministerio Público cuando "acaba de cesar como ministra" puede "mermar la credibilidad de los fiscales que hacen su trabajo con total objetividad". Con todo ello, ha subrayado que no se pone en duda la "valía" y la "capacidad técnica" de Delgado, sino la "procedencia".


Misma consideración sostiene la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), que considera que "este tipo de decisiones no contribuyen a fortalecer la credibilidad y la confianza de la ciudadanos en las instituciones.


Su presidente, Manuel Almenar, ha afirmado que, dejando al margen cualquier cuestión personal, "no parece que la propuesta de quien hasta ahora mismo ha ocupado un puesto relevante en el Gobierno de la Nación pueda reforzar los principios de independencia y autonomía de la Fiscalía General del Estado".


"CONFUSIÓN DE ROLES"


Esta designación es muestra de la "confusión" que existe en el Gobierno con los "roles" que desempeñan jueces y fiscales, según la asociación Foro Judicial Independiente (FJI). Su presidenta, Concepción Rodríguez, ha afirmado que una vez más Sánchez ha demostrado no tener en cuenta la "falta de separación de poderes" y ha criticado que no haya consultado a la carrera fiscal para nombrar a la persona que recabe más apoyos de sus miembros.


En sentido contrario se ha manifestado el portavoz de Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD), Ignacio González Vega, que considera que el hecho de que Delgado haya sido anteriormente ministra no supone "ningún obstáculo" para desempeñar el nuevo cargo.


González ha destacado su profesionalidad y años de experiencia como fiscal, por lo que ha pedido esperar a "valorar los hechos" una vez comience a desarrollar su función como máxima representante de la Fiscalía.

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