Barbón defiende la "diplomacia discreta" sobre el 8x8 del Gobierno de Asturias entre Santa Bárbara y Defensa

El presidente del Principado de Asturias, el socialista Adrián Barbón, ha apostado este viernes por la "diplomacia discreta" de su Ejecutivo en la interlocución con la empresa Santa Bárbara y el Ministerio de Defensa sobre el contrato de construcción del blindado 8x8 frente a la "obsesión" que, dice, tiene la oposición con "el titular y la foto".

"Creemos que en ocasiones para que las negociaciones de tipo económico e industrial den resultado es mejor una diplomacia discreta", ha dicho el presidente en declaraciones a los medios durante su visita a la Fundación Vinjoy.

Barbón sostiene que el Gobierno asturiano ha reconocido "desde el primer momento" la problemática generada por un desencuentro entre Santa Bárbara y el Ministerio sobre las condiciones del contrato y asegura que se está mediando de forma "discreta".

"Lo que nos interesa es el resultado; no necesitamos dosis de foto o de titular, como pasa a parte de la oposición asturiana que está más obsesionada con eso. Luego pasa lo que pasa, opinan de cosas que no han leído, se equivocan, cometen errores. Lo más prudente es la seriedad", ha dicho.

El consejero de Industria, Empleo y Promoción Económica del Principado de Asturias, Enrique Fernández, señaló este jueves que en un plazo estimado de dos semanas puede haber un acercamiento entre Santa Bárbara Sistemas y el Ministerio de Defensa sobre el contrato de fabricación del blindado 8x8 en las instalaciones de Trubia.

Durante su comparecencia en comisión parlamentaria y en respuesta a una pregunta del portavoz de Foro, Adrián Pumares, el consejero indicó que en los últimos días están teniendo constancia de "noticias esperanzadoras", tras los últimos desencuentros entre la empresa y el Gobierno central por las condiciones del contrato.

Enrique Fernández explicó que la empresa se plantea "reformular" su oferta y en un par de semanas se verá si el reencuentro entre ambas partes va "por buen camino".

Recordó que durante el proceso hubo problemas de legalidad que "no se pueden soslayar"; apuntó que el acuerdo inicial derivó en un desencuentro sobre las condiciones y el Ministerio trasladó la imposibilidad de cambiar el contrato, que está "sujeto a fiscalización y control de legalidad que no permite alterarlo de forma arbitraria o subjetiva".