El Gobierno recurrirá ante el TC el decreto andaluz de simplificación administrativa que modifica 27 normas

El Consejo de Ministros ha decidido recurrir ante el Tribunal Constitucional varios apartados del decreto ley de la Junta de Andalucía que simplifica la regulación para el fomento de la actividad productiva modificando 27 leyes y decretos, al considerar que algunos de sus preceptos pueden colisionar con otras normas de carácter estatal.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la ministra de Hacienda y portavoz, María Jesús Montero, ha concretado que se recurre el artículo 13 del decreto ley porque "da nueva redacción al artículo 33" de la Ley 14/2007 de Patrimonio Histórico de Andalucía, eximiendo de autorización previa y comunicación a la consejería competente de determinadas obras sobre bienes de interés cultural y su entorno.

El Gobierno considera, ha explicado Montero, que esta regulación "vulnera la competencia estatal en defensa de bienes culturales contra la expoliación prevista en el artículo 149" de la Constitución.

El decreto andaluz vulnera además, a juicio del Ejecutivo, la competencia estatal en telecomunicaciones y medios de comunicación social. Así, el recurso que presentará el Gobierno ante el TC irá dirigido contra los apartados 4 y 6 del artículo 28, que derogan la prohibición de inclusión o difusión de cualquier tipo de comunicación comercial o audiovisual en emisoras piratas.

El Ejecutivo solicita asimismo la suspensión de las disposiciones impugnadas por la ausencia de extraordinaria y urgente necesidad, y porque los perjuicios que pueden producirse por su aplicación pueden ser "de imposible reparación", ha abundado la portavoz.

No obstante, el Gobierno expresa su "voluntad negociadora" con la Junta de Andalucía con el fin de poder resolver esta "controversia" si el Gobierno autonómico modifica la norma en el sentido indicado por el Ejecutivo español para evitar incurrir en un conflicto de competencias.

El Consejo de Ministros ha tomado la decisión de recurrir el decreto andaluz tras recabar el dictamen favorable del Consejo de Estado que, aunque preceptivo, no es vinculante.