sábado, 20 de abril de 2024 12:41
Política

El Tribunal Supremo da cinco días a Carmen Calvo para que entregue toda la documentación del estado de alarma

"La suspensión generalizada, universal y permanente de los derechos fundamentales consagrados en nuestra Constitución no encuentra cobertura jurídico-constitucional en el estado de alarma".

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No es un estado de alarma, sino un estado de excepción encubierto. Bajo esta premisa el Tribunal Supremo ha admitido a trámite el recurso de un abogado valenciano en contra del decreto de estado de alarma. La querella interpuesta denuncia que el decreto está vulnerando los derechos fundamentales de libertad, reunión y circulación de las personas. 


La turística Puerta de Alcalá de Madrid junto al Parque del Retiro vacía


En este sentido, la Sala Tercera del Supremo ha dado cinco días a la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, para que entregue toda la documentación relativa a la implantación del decreto que mantiene a la población confinada en sus casas desde hace más de un mes. 


El abogado valenciano Curro Nicolau denuncia que el Estado de Alarma no contempla la prohibición de la libre circulación de las personas ni  de otros derechos fundamentales. Para suprimir este tipo de actos se debería haber decretado el estado de excepción, que sí prevé la suspensión de los derechos fundamentales. 


"La suspensión generalizada, universal y permanente de los derechos fundamentales consagrados en nuestra Constitución no encuentra cobertura jurídico-constitucional en el estado de alarma, que únicamente consiente la modulación razonada, proporcional y limitada tanto en tiempo como en espacio de alguno de ellos , y únicamente en tanto la misma sea consecuencia ineludible de la necesidad de asegurar la eficacia de las medidas que permite adoptar a la autoridad competente", sostiene el escrito del abogado, al que ha tenido acceso ABC


"Sin embargo, el RD 463/2020 formaliza una auténtica suspensión de derechos, de alcance cuasiuniversal, apenas matizadas por la contemplación de algunas excepciones a su aplicabilidad». Por este motivo sostiene que el decreto del Gobierno de Pedro Sánchez se sitúa fuera del marco constitucional y lesionando gravemente derechos fundamentales.

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