jueves, 28 de marzo de 2024 21:27
Politica

Presidente de la Diputación de Málaga pide la dimisión de Caballero en la FEMP por mentir con el acuerdo con Hacienda

El presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado, considera que el presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y alcalde de Vigo, Abel Caballero, debe dimitir después de que haya salido adelante, gracias a su voto de calidad, aceptar la propuesta del Ministerio de Hacienda para la liberación de los remanentes y el uso del superávit de los ayuntamientos.
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El presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado.

El presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado, considera que el presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y alcalde de Vigo, Abel Caballero, debe dimitir después de que haya salido adelante, gracias a su voto de calidad, aceptar la propuesta del Ministerio de Hacienda para la liberación de los remanentes y el uso del superávit de los ayuntamientos.

La propuesta ha contado con 12 votos a favor (PSOE), 12 en contra (PP, Junts per Catalunya y Ciudadanos) y una abstención (Grupo Municipalista Izquierda Unida-Podemos-Comuns). De este modo, el voto de calidad del presidente socialista de la federación ha resultado determinante para aceptar la iniciativa.

Ante esto, el presidente de la Diputación y regidor del municipio malagueño de Rincón de la Victoria ha indicado en un mensaje en sus redes sociales, recogido por Europa Press, que el vigués "ha traicionado a los alcaldes y a todos los ciudadanos de España".

Además, ha recalcado que Caballero "mintió a los presidentes de las distintas diputaciones en la pasada comisión que participó, donde prometió que no permitiría que el Gobierno se incautara de los remanentes".

"Abel Caballero no nos representa, no me representa, y debe dimitir. Ha dinamitado la credibilidad de la FEMP y la ha entregado al PSOE rompiendo el consenso histórico que ha imperado en la misma", ha concluido Salado.

La propuesta incluye una aportación de 5.000 millones de euros (2.000 millones para este año y 3.000 millones para el próximo) para los ayuntamientos que pongan a disposición del Ejecutivo central sus remanentes. Asimismo, las diputaciones podrán formalizar préstamos y realizar transferencias finalistas no reintegrables a administraciones locales que se encuentren en una situación económica vulnerable.

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