​El Parlament proclama que Catalunya "no reconoce ni quiere a ningún rey"

El pleno del Parlament catalán ha aprobado una propuesta de resolución conjunta entre JxCat, ERC y la CUP que declara que "Catalunya es republicana y, por tanto, no reconoce ni quiere ningún Rey".

La resolución se ha votado en el pleno extraordinario sobre la monarquía y ha salido adelante con 69 votos favorables de JxCat, ERC y la CUP, y 65 en contra del PSC-Units, los comuns, Cs y el PP.

La propuesta también afirma que "el linaje de los borbones ha sido una calamidad histórica para Catalunya" y constata, según el texto de la resolución, el fracaso y la crisis definitiva del pacto constitucional de 1978.

Asimismo, ratifica, de acuerdo con el 1-O, el 10 de octubre y el 27 de octubre de 2017, "que el único camino para superar este régimen monárquico es constituir efectivamente la república catalana como un estado de derecho, democrático y social".

El pleno ha aprobado con los mismos votos otra propuesta de la CUP que reprueba al Rey Felipe VI "y a toda la dinastía borbónica por décadas de impunidad y de enriquecimiento ilegítimo utilizando las instituciones públicas".

Asimismo, la Cámara catalana reprueba al Gobierno central y, específicamente, a la vicepresidenta, Carmen Calvo, "por colaborar en la huida de Juan Carlos I y como cómplices de la impunidad perpetrada por la monarquía borbónica".

RETIRAR EL TÍTULO

También con el apoyo de los partidos independentistas y el rechazo del resto de grupos, el Parlament ha dado luz verde a una iniciativa de ERC que insta al Govern a reclamar al Gobierno central que impulse las medidas necesarias para suprimir el aforamiento a Juan Carlos I y la retirada de la condición de Rey emérito.

En la misma línea, ha tirado adelante una resolución presentada por JxCat, que reclama impulsar con urgencia una ley orgánica en el Congreso que incluya la retirada del título de Rey a Juan Carlos I y derogar el delito de calumnias e injurias contra la Corona, entre otras cuestiones.

Esta misma propuesta también reafirma el compromiso del Parlament "con los valores republicanos y apuesta por la abolición de una institución caduca y antidemocrática como la monarquía".

Además, el pleno ha aprobado una propuesta del PSC que considera que las presuntas irregularidades del Rey emérito "deben ser investigadas por la Fiscalía y la agencia tributaria y atribuir y sancionar las responsabilidades que sean pertinentes llegado el caso", que ha contado con el voto favorable de todos los grupos excepto la abstención de la CUP.

ENFRENTAMIENTO POR EL BOPC

La votación de estas propuestas se ha producido pasadas las 22.00 horas porque el pleno se ha retrasado a causa de las peticiones de reconsideración que han presentado tanto Cs como PP a la admisión a trámite de varias resoluciones impulsadas por los partidos independentistas, ya que consideran que son inconstitucionales y contravienen la doctrina del Tribunal Constitucional (TC).

Estas peticiones han sido rechazadas por la Mesa y la Junta de Portavoces, y antes de comenzar la votación, el presidente de Cs en la Cámara, Carlos Carrizosa, ha pedido turno de palabra y ha asegurado que en la reunión del órgano rector el letrado mayor del Parlament ha dicho que los puntos de las propuestas que chocan con el TC no se publicarían en el Boletín Oficial del Parlament (BOPC).

Por eso, ha pedido que el presidente de la Cámara, Roger Torrent, especifique si se publicarán estos puntos, como el que hace referencia al 1-O y al 27 de octubre de 2017, y el que reprueba al Rey, entre otros.

Torrent ha contestado que se votarían todos los puntos admitidos a trámite, incluidos los que pueden suponer un conflicto con el Constitucional, y que los grupos parlamentarios ya eran conscientes de las consideraciones que el letrado mayor había trasladado sobre "las limitaciones de carácter material por las advertencias del TC que se han trasladado a la Mesa".

También ha pedido intervenir el presidente de JxCat en la Cámara, Albert Batet, que ha exigido que todo lo que se vote y apruebe en el pleno se debe publicar en el BOPC, y que, si hay algún funcionario que no lo publica, reclama a la Mesa "que tome las medidas oportunas y abra los expedientes oportunos".