martes, 26 de mayo de 2026 10:56

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Campo no entra en el informe de Fiscalía sobre presos del 'procés' y dice que el Ministerio hizo lo que tenía que hacer

El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha recordado que "desde el primer día" que llegó al Ministerio dijo que no se iba a pronunciar sobre ningún proceso abierto, por lo que no ha entrado a valorar el informe de los fiscales del Tribunal Supremo sobre los indultos a los presos del 'procés'. No obstante, ha asegurado que el Ministerio de Justicia "hizo lo que tenía que hacer, que es poner en marcha unos indultos de conformidad con la Ley que regula el derecho de gracia".
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El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, comparece en Comisión de Justicia en el Congreso de los Diputados, en Madrid (España), a 21 de diciembre de 2020.

El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha recordado que "desde el primer día" que llegó al Ministerio dijo que no se iba a pronunciar sobre ningún proceso abierto, por lo que no ha entrado a valorar el informe de los fiscales del Tribunal Supremo sobre los indultos a los presos del 'procés'. No obstante, ha asegurado que el Ministerio de Justicia "hizo lo que tenía que hacer, que es poner en marcha unos indultos de conformidad con la Ley que regula el derecho de gracia".

En declaraciones a los periodistas, Campo ha recordado que el Tribunal solicita distintos informes y este martes se ha conocido el de los fiscales que intervinieron en el asunto. "Cada uno tendrá su valoración, pero el ministro de Justicia lo único que dice es que se ha cumplido un trámite procesal".

En este sentido, ha añadido que él llevará luego al Consejo de Ministros la valoración de todos los informes, "que son muy amplios", por lo que "no sería lógico" que hiciera una valoración del informe de los fiscales.

Cabe recordar que los fiscales del Tribunal Supremo se oponen a la concesión de los indultos solicitados a favor de los doce condenados por el 'procés' independentista en Cataluña debido la gravedad de los hechos y a que no han encontrado razones de justicia, equidad o utilidad pública que justifiquen aplicar la medida de gracia, según consta en los informes que han elaborado para cada uno de ellos.

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