El Consell de Garanties juzga antiestatutario un artículo de los Presupuestos catalanes

El Consell de Garanties Estatutàries ha juzgado por unanimidad que un artículo de los Presupuestos de la Generalitat 2015 es contrario al Estatut, alegando que se vulnera la autonomía presupuestaria de organismos como el Parlament, el Síndic de Greuges, la Sindicatura de Cuentas, la Oficina Antifraude (OAC) y el mismo Consell.

El dictamen, al que ha tenido acceso Europa Press, entiende que las cuentas contradicen cuatro artículos del Estatut al vulnerar la autonomía presupuestaria de estos organismos obligándoles a un control superior al que recogen las leyes que los regulan.

En concreto, el artículo 53.5 de los Presupuestos implica que estas entidades están obligadas a presentar a la Conselleria de Economía y Conocimiento "la información económico-financiera" establecida por el artículo 71 del texto refundido de la Ley sobre las Finanzas Públicas Catalanas.

El órgano consultivo de la Generalitat subraya que los actos económicos de estos organismos son fiscalizados por la Auditoría de Cuentas del Parlament, mientras que la Sindicatura de Cuentas hace los informes sobre su estado financiero y contable.

Por ello, entiende que someterlas a un nuevo control a través la Intervención General de la Generalitat vulnera la autonomía institucional de estas entidades, en la medida en que "conlleva un tipo de control incompatible y contradictorio con el régimen jurídico que les otorgan el Estatut y las leyes que las desarrollan".

El fallo sí avala la adecuación al Estatut de los otros dos preceptos recurridos por el PP catalán: por una parte, las partidas de ingresos que reclaman al Gobierno central "deudas pendientes" como las que prevé la disposición adicional tercera del Estatut y la compensación por el impuesto sobre depósitos bancarios; y el artículo 53.2 de las cuentas.

En el caso del artículo 53.2, que insta a estas entidades a destinar el ahorro de sus cuentas de 2014 a partidas concretas, el Consell de Garanties entiende "razonable" que se prevea que el ahorro en unos capítulos concretos en 2014 vuelva a destinarse a estos mismos capítulos en 2015.

"DEUDAS PENDIENTES"

El PP recurrió también las cuentas porque en ellas el Govern recogía como ingresos "deudas pendientes" del Estado con Catalunya, unas deudas que los populares niegan que existan, por lo que concluían que incluirlas en los Presupuestos lo único que provocaría es un desequilibrio.

El Govern recoge en las cuentas como deudas pendientes la compensación por el impuesto sobre depósitos bancarios (635,1 millones de euros) y los pagos pendientes del fondo de competitividad (789 millones) y la disposición adicional tercera del Estatut (759 millones), unas deudas que el Gobierno central no reconoce.

El Consell falla que la Generalitat sí puede incluir estas partidas como ingresos, ya que esta decisión no es contraria dos artículos de las Constitución Española: el principio de interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos (art.9.3) y el principio de estabilidad presupuestaria (art.135).

El órgano señala que la Generalitat cumple con el principio de estabilidad presupuestaria al presentar unas cuentas equilibradas entre ingresos y gastos, aunque advierte de que, si los ingresos por deudas pendientes no llegan a materializarse, tendrá que buscar "otras vías de incremento de ingresos o de contención del gasto".

El Consell esgrime que el gobierno catalán puede concretar las previsiones de ingresos "que consideren más idóneas y probables, siempre que sean mínimamente razonables", y alega que la jurisprudencia del TC señala que la mera discrepancia política no es suficiente para tachar una norma de arbitraria.

LEY DE ACOMPAÑAMIENTO

Tras el dictamen sobre los Presupuestos, el órgano consultivo de la Generalitat todavía debe pronunciarse sobre la solicitud presentada por el PP sobre la Ley de Medidas Fiscales y Financieras -conocida popularmente como ley de Acompañamiento-, un dictamen que, según fuentes parlamentarias, estará listo este jueves.

Una vez los dos dictámenes -que no son vinculantes- hayan sido publicados por el Parlament, se abrirá el plazo para que los grupos presenten enmiendas para adecuar las normas al Estatut, de forma que su redactado definitivo pueda aprobarse en el pleno de los días 4 y 5 de marzo.