martes, 26 de mayo de 2026 11:50

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Los partidos catalanes buscan pactar una ley electoral "entera" y no solo la parte administrativa

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Los partidos catalanes trabajan para pactar una ley electoral catalana "entera", que recoja todos los ámbitos de una normativa de estas características, y no sólo para crear la administración electoral catalana como algunas formaciones habían planteado inicialmente.

Lo han explicado fuentes parlamentarias después de que la cámara haya hecho este viernes la segunda reunión de la ponencia sobre la norma desde que se retomaron la semana pasada los trabajos, que se habían paralizado por enésima vez.

El presidente de la Generalitat y el líder de ERC incluyeron en su reciente acuerdo, en el marco de la creación de estructuras de Estado, el desarrollo de una administración electoral catalana, que podría ser la encargada de gestionar los comicios.

Sus respectivos partidos argumentaron que aprobar al menos una administración electoral ya permitiría ciertos avances en transparencia y ahorro respecto a la situación actual, como la de que todos los partidos hicieran conjuntamente el buzoneo de propaganda electoral, lo que les ahorraría mucho dinero.

PSC y PP se oponen a tener una norma que sólo contemple la administración y no recoja un sistema electoral propio para Catalunya -el reparto de escaños-: "Una ley electoral sin sistema electoral es como un jardín sin flores", expone uno de los diputados de la ponencia.

La vicepresidenta del Govern, Joana Ortega, dijo el jueves ante el pleno del Parlament que es partidaria de una ley electoral "completa", una norma que necesita aprobarse con mayoría cualificada de dos tercios de la Cámara -90 diputados-.

Así, este viernes los partidos han admitido que vuelven a la posición inicial de querer una ley completa, pero reconocen que el escollo sigue siendo el de siempre: las grandes diferencias al diseñar un nuevo modelo de reparto de escaños, el gran punto de la norma.

"Se discutirá la ley entera. Sin sistema electoral no hay ley electoral", ha apuntado este viernes un diputado; y otro ha explicado que, para llegar a un acuerdo, el cambio de sistema electoral podría no ser de fondo, sino una mera corrección del actual -por ejemplo, desbloquear las listas-.

ACUERDOS Y DESACUERDOS

Este viernes se ha abierto la puerta a los primeros consensos, aún menores, como que la Sindicatura electoral catalana -el equivalente a la Junta Electoral Central- esté compuesta por juristas y expertos pero con preponderancia de los primeros: la Sindicatura tendría más juristas que expertos o, al menos, la presidiría un jurista y tendría voto de calidad en las deliberaciones.

Pero los partidos no se han puesto de acuerdo sobre el régimen de incompatibilidades de los diputados en el futuro: algunos plantean que los diputados no puedan ser a la vez senadores, que no puedan ser diputados y alcaldes al mismo tiempo, o que sólo puedan ser alcaldes y parlamentarios según el número de habitantes de su municipio.

Otro escollo es que algunos partidos quieren obligar a que los diputados estén censados en el territorio desde donde se presentan, mientras que otros ven innecesario fijarlo por ley.

C'S EXCUSA SU AUSENCIA

Los grupos que han asistido este viernes a la reunión de la ponencia de la ley -todos menos C's y CUP- han coincidido en lamentar la ausencia de algún representante de la formación que lidera Albert Rivera.

Ven contradictorio que C's interpelara el jueves en el Parlament a la vicepresidenta subrayando la importancia de tener una ley de estas características pero que después no vayan a las reuniones donde se abordan las características de la norma.

En declaraciones a Europa Press, el diputado de C's José María Espejo-Saavedra ha argumentado que no han ido por "problemas de agenda": él tenía a la misma hora otra comisión y al diputado José Manuel Villegas le ha surgido un imprevisto de última hora.

C's ha asegurado que su implicación en la elaboración de la ley es total, y ha recordado que también apuestan por hacer una norma completa que incluya el sistema electoral, no una ley "parcial" que solo tenga en cuenta la parte administrativa.

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