El alcalde de Borredà acusado de prevaricar al vender sin concurso una finca dice que lo creyó legal

El alcalde de Borredà (Barcelona), Joan Roma (PSC), acusado de prevaricación y falsedad por la venta directa en 2001 de unos terrenos municipales ha asegurado este jueves en su declaración en juicio que creyó que podía hacerlo sin concurso público porque contaba con el aval del secretario municipal, ya fallecido, en quien confiaba.

"El secretario es el que supervisa las cuestiones jurídicas y técnicas del municipio. Mis funciones son estrictamente políticas", ha defendido en el interrogatorio ante el tribunal de la Audiencia de Barcelona, donde ha insistido en que pudo ser un error de este cargo, al que por otra parte ha alabado destacando que era un profesional muy eficiente y de larga trayectoria.

Roma, que desde 1991 es alcalde con mayoría absoluta de este municipio que ronda los 580 habitantes, ha defendido también que la dirección general de Administración de la Conselleria de Gobernación de la Generalitat aceptó la venta a esta empresa cifrada en 72.000 euros, ya que no contestó a su consulta sobre la misma.

"No cabe ver gigantes donde solo hay molinos de viento. Una vez transcurrido el plazo legal sin que la Generalitat opusiera nada al respecto, la venta directa debe considerarse aprobada", sostiene el escrito de defensa del alcalde previo al juicio.

El fiscal también acusa a Roma y a otros dos concejales --Jesús Solanellas y Ernest Martínez, también procesados-- de haber aprobado la venta de esta propiedad, conocida como 'Fábrica del Baix', en un pleno municipal "sin haber tenido la mayoría absoluta exigida" y, además, sin que se hubiese tramitado un expediente administrativo previo por parte de algún técnico municipal.

Roma ha defendido que la decisión de la venta del terreno --a una empresa para la instalación de una fábrica de persianas-- ya se había adoptado en un pleno anterior y que entonces había sido aprobado por unanimidad de los seis concejales asistentes, incluidos los dos ediles de CiU.

DENUNCIA DE CiU

Más allá de aspectos legales, el alcalde, para el que el fiscal pide cuatro años y siete meses de cárcel por un delito continuado de falsedad documental y ocho años y medio de inhabilitación por prevaricación, ha incidido en que "todo el pueblo" estaba de acuerdo con la venta del terreno, ya que Borredà necesitaba atraer empresas para crear puestos de trabajo y sostenerse demográficamente.

En su escrito de defensa, Roma también alude a que CiU --que presentó la denuncia a partir de la que se desencadenó este proceso judicial--, con la entrada de la concejal Mercé Rota al Consistorio, comenzó un "acoso político y también judicial" hacia su persona, cuando antes la federación había avalado el proyecto.