La Fiscalía pide que el Supremo investigue al presidente de Melilla por posible prevaricación en la contratación de un abogado

La Fiscalía ha informado a favor de que el Tribunal Supremo asuma la competencia para investigar al presidente de Melilla y senador Juan José Imbroda, por indicios de "al menos" un delito de prevaricación en la contratación de un abogado.

En el escrito, el Ministerio Público ha considerado que la Sala de lo Penal es competente para investigar esta causa y para nombrar a un magistrado instructor al entender que hay indicios "suficientes" para el esclarecimiento de unos hechos que presentan "apariencia delictiva", constitutivas de delito de prevaricación, "sin descartar obviamente la existencia de otras infracciones penales".

El titular del juzgado de Instrucción número 2 de Melilla, Emilio Lamo Espinosa, envió una exposición razonada al Tribunal Supremo en la que veía indicios de delito de prevaricación continuada, malversación de caudales públicos y fraude en la contratación efectuada por el Gobierno local.

La Fiscalía da el visto bueno al inicio de actuaciones penales para esclarecer la conducta del aforado Juan José Imbroda "al menos y por lo conocido hasta el momento" de un delito tipificado en el artículo 404 del Código Penal, que castiga a la autoridad que dicta una resolución arbitraria en un asunto administrativo a sabiendas de su injusticia. Solo este artículo lleva una pena aparejada de siete a diez años de inhabilitación.

IMBRODA TIENE "CERO PREOCUPACIÓN"

El portavoz del Grupo Populares en Libertad (PPL), Julio Liarte, puso de relieve el pasado agosto de la remisión de la exposición razonada de esta causa por posibles delitos relacionados con el pago de 350.000 euros a un abogado externo.

Imbroda reaccionó afirmando que denunciaría al diputado liberal si ha vulnerado un secreto de las actuaciones y manifestó que este asunto le genera "cero preocupación".

Según dijo, el caso se remontaba al año 2000 cuando la ciudad autónoma contrató a un abogado para que colaborara en la defensa de los intereses de la institución ante 150 denuncias que fueron presentadas por el despido de unas cooperativas ilegalmente contratadas.