Son múltiples las sospechas que caen sobre el tejado de la radio y televisión públicas catalanas. Muchos ciudadanos intuyen que los medios de comunicación de la Generalitat no aplican un nivel razonable de objetividad en sus programas informativos y, incluso, en los de entretenimiento.
Son múltiples las sospechas que caen sobre el tejado de la radio y televisión públicas catalanas. Muchos ciudadanos intuyen que los medios de comunicación de la Generalitat no aplican un nivel razonable de objetividad en sus programas informativos e, incluso, en los de entretenimiento. Esta percepción de falta de pluralidad informativa no es exclusiva de los grupos políticos opositores sino también se ha expresado mediante quejas de profesionales y sindicatos de periodistas.
Últimamente esta actuación tendenciosa de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales se ha visto complementada por un conjunto de medidas arbitrarias tomadas por el Consejo Audiovisual de Cataluña (CAC) que controla, con mano de hierro, uno de los fieles ejecutores de las decisiones del consejero Homs , Roger Loppacher.
Pues bien, a pesar de contar con este caldo de cultivo tan 'útil' - que algunos llaman irónicamente 'la ratafía mediática' en contraste con la famosa 'caverna mediática- el Gobierno catalán parece no tener suficiente sujetas las piezas del entramado. La última 'recomendación' la ha soltado, descaradamente, la vicepresidenta Joana Ortega cuando pidió -quizá exigio- los gestores de los medios públicos lo siguiente: "... que definan, que elaboren y distribuyan programa, contenidos y servicios audiovisuales orientados a la creación de las condiciones necesarias para la plena eficacia de los derechos fundamentales de libertad de información y de libre expresión y que, en definitiva, faciliten la participación de los ciudadanos de Cataluña ".
No era necesario señora Ortega. Todos conocemos la simpatía de la radio y tele publicas hacia el llamado 'proceso'. Todos hemos comprobado el despliegue informativo al respecto y las horas empleadas en todo este asunto. Ahora bien, se nos hace extraño que la vicepresidenta, otrora defensora beligerante de la independencia de los medios, se convierta este año tan intervencionista. No era necesario señora Ortega.
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