Los accionistas mayoritarios de BPA denuncian a la Areb y la ley de reestructuración

Los accionistas mayoritarios de Banca Privada d'Andorra (BPA) han denunciado a la Agencia Estatal de Resolución de Entidades Bancarias (Areb) y han pedido al juez que consulte la constitucionalidad de la Ley de medidas urgentes de reestructuración y resolución de entidades financieras aprobada por el Gobierno andorrano el 2 de abril. 

En un comunicado, los accionistas encabezados por los hermanos Cierco consideran "precipitada" la decisión de la Areb del 27 de abril de optar por la resolución del banco sin estudiar detalladamente la viabilidad de su reestructuración.

También piden al juez que consulte al Tribunal Constitucional si la nueva ley con la cual se debe encontrar una solución a la situación de BPA es, al menos parcialmente, contraria a la Carta Magna, ya que opinan que los artículos en los que la Areb ha tomado su decisión agreden la presunción de inocencia y aplican retroactividad.

Asimismo, han recurrido contra un informe del 24 de abril del regulador andorrano, el Inaf, mediante el cual, "sin dar ningún tipo de conocimiento a la propiedad del banco, concluye que BPA es inviable", lo que decidió a la Areb a iniciar la resolución, según expuso en el Butlletí Oficial del Principat d'Andorra (Bopa).

Según informó el 27 de septiembre la Areb en un comunicado, dicho día asumió la tutela de BPA, lo que marcaba el inicio del proceso de resolución de BPA, que contempla como posibles soluciones la transmisión de los activos y pasivos a una entidad puente, la venta total o parcial del negocio, u otros instrumentos de resolución previstos en la ley andorrana creada 'ex profeso' y siguiendo la normativa europea "siempre con el objetivo de preservar al máximo el valor de la institución".

INDEFENSIÓN

Los accionistas mayoritarios han criticado en su demanda de este viernes que la Areb ha decidido abrir el proceso de resolución de BPA a partir de informes a los que no han tenido acceso los accionistas.

Ello supone "una clara indefensión y vulnera manifiestamente el código de la administración andorrana, que obliga a dar traslado a los afectados (y los accionistas lo serían) de la documentación en virtud de la cual la autoridad competente toma una decisión".

Han recordado que esta demanda se suma a la primera que interpusieron contra el Inaf por la destitución del consejo de administración sin pruebas, admitida a trámite por el juzgado de primera instancia andorrano.

REESTRUCTURACIÓN POSIBLE

Los accionistas insisten en que la reestructuración representa un proceso menos agresivo, tanto para los trabajadores del banco como para los clientes, y sigue siendo posible, vistos los niveles de solvencia y liquidez que siempre presentó el banco: "La entidad no tiene un problema de solvencia ni de mala calidad del activo que haga imposible su viabilidad".

Además, denuncian la "opacidad y secretismo" de la Areb y lamentan que se haya optado por la resolución de la entidad cuando, por ejemplo, Estados Unidos no ha resuelto el expediente iniciado en marzo.

"De todo lo actuado hasta ahora fluye que Banca Privada d'Andorra no ha cometido ninguna ilegalidad y las cuestiones invocadas por el FinCEN -el Departamento del Tesoro de Estados Unidos- en su nota ya estaban detectadas y judicializadas con la plena colaboración de la entidad bancaria", han agregado.