sábado, 12 de junio de 2021 16:59
Politica

Vox propone en el Congreso ampliar a otras instituciones la digitalización de las CCAA y otras Administraciones Públicas

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La portavoz adjunta de Vox en el Congreso, Macarena Olona, y el diputado de Vox, Ignacio Gil Lázaro, se dirigen a una Junta de Portavoces convocada en el Congreso de los Diputados, a 13 de abril de 2021, en Madrid, (España).

Vox ha registrado una iniciativa en el Congreso de los Diputados con la que pretende instar al Ejecutivo de Pedro Sánchez a incorporar a otros actores institucionales y externos al Plan de Digitalización de las Administraciones Públicas 2021-2025. Además, pide una serie de reformas normativas en materia de interoperabilidad y del Esquema Nacional de Seguridad.

Los de Santiago Abascal han presentado esta proposición no de ley ante la Comisión de Política Territorial y Función Pública del Congreso de los Diputados, con la que buscan ejecutar estar reformas normativas, que consideran necesarias, para dar cumplimiento al Plan de Digitalización de las Administraciones Públicas.

En este contexto, plantean articular un "sistema efectivo de interoperabilidad", reformando el actual Esquema Nacional de Interoperabilidad, aprobado por un decreto de 2010, y las normas técnicas que lo desarrollan.

Asimismo, piden adecuar a los estándares preceptuados en la normativa comunitaria el Esquema Nacional de Seguridad, aprobado a trabés de otro decreto de 2010, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la Administración Electrónica.

Esta misma semana se ha dado a conocer el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha remitido a Bruselas. En él, queda recogida la intención del Gobierno de destinar 1.000 millones de euros entre 2021 y 2023 a dar un impulso a la transformación digital y la modernización del Ministerio de Política Territorial y Función Pública, que dirige Miquel Iceta, y de las Comunidades Autónomas y entidades locales.

Según justifica el Gobierno, el objetivo de estas inversiones es adaptar la Administración Pública a los retos de la sociedad mediante la digitalización de la gestión y sus procesos y la transición energética, mejorando la eficiencia energética de edificios e infraestructuras, fomentando el uso de energías renovables e impulsando la movilidad sostenible.

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