martes, 26 de mayo de 2026 15:53

Economía

El Constitucional tumba el decreto que integra las pensiones de Clases Pasivas en la Seguridad Social

El Tribunal Constitucional (TC) ha tumbado este jueves varias disposiciones del Real Decreto de medidas laborales y fiscales por el que, entre otros aspectos, el Gobierno integró la gestión de Clases Pasivas del Estado a la Seguridad Social.
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El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, interviene durante una sesión de control en el Congreso de los Diputados, a 12 de mayo de 2021, en Madrid, (España).

El Tribunal Constitucional (TC) ha tumbado este jueves varias disposiciones del Real Decreto de medidas laborales y fiscales por el que, entre otros aspectos, el Gobierno integró la gestión de Clases Pasivas del Estado a la Seguridad Social.

Según ha informado el sindicato CSIF en un comunicado, la sentencia del TC señala que "el Gobierno hizo un mal uso del real decreto" pues "el traspaso a la Seguridad Social no reunía los requisitos de urgente y extraordinaria necesidad".

En este contexto, el sindicato explica que solicitó al Ministerio de Seguridad Social "una aclaración sobre las consecuencias de dicho traspaso de gestión" por una "situación generó una gran incertidumbre en el colectivo de funcionarios", que vieron "recortados sus derechos de pensión" y que ha provocado "una oleada de jubilaciones anticipadas".

El PP presentó ante el Pleno del Tribunal Constitucional un recurso, que fue admitido a trámite el pasado mes de julio y que estaba pendiente de resolución. El decreto se tramitó finalmente como proyecto de ley, por lo que admitirá enmiendas. CSIF ha hablado con las formaciones del Congreso y entre las enmiendas presentadas se encuentra la denuncia del sindicato y del PP de que no existía "urgente y extraordinaria necesidad" para aprobar un decreto que ni siquiera se negoció con los sindicatos.

El Régimen de Clases Pasivas del Estado incluye fundamentalmente al personal militar y a funcionarios de la Administración General del Estado, de la Administración de Justicia, de las Cortes Generales y de otros órganos constitucionales o estatales, así como a los funcionarios transferidos a las comunidades autónomas.

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