La Comunidad Valenciana amenaza con ejercitar acciones legales ante el "injusto" sistema de financiación

La Consejera de Justicia de la Generalitat Valenciana, Gabriela Bravo, ha denunciado la situación de "extrema gravedad" que sufre su comunidad fruto del "injusto" sistema de financiación autonómico y ha advertido de que si no se soluciona en el plano político, "puede obligar" al Ejecutivo autonómico a ejercitar acciones legales.

La consejera valenciana se ha pronunciado así ante el ministro de Justicia, Rafael Catalá, tras firmar un convenio de colaboración para impulsar las nuevas tecnologías en los juzgados, la Oficina Judicial y la asistencia jurídica gratuita, que lleva aparejado un crédito de 859.879 euros a la Comunitat.

En la rueda de prensa posterior a la rúbrica del convenio, Gabriela Bravo ha alertado de que no solo la Administración de Justicia, sino que el resto de servicios tienen "problemas derivados de ese injusto sistema de financiación al que su comunidad se ha visto sometida".

"Y fruto del cual arrastramos una deuda, que si no se soluciona en el plano político, puede obligar a la Generalitat a ejercitar acciones legales si nos vemos obligados a tener que cumplir ese déficit, si tenemos que pagar antes la deuda como obliga la Ley de Sostenibilidad y los servicios públicos esenciales, como la Sanidad, la Educación u otros del ámbito del bienestar social, no podrían ser atendidos", ha proseguido.

Al ser preguntada contra quien ejercitará esas acciones legales, Bravo ha respondido que están elaborando un informe para dictaminar qué posibilidades tiene el Gobierno autonómico para reclamar en vía judicial una mejor financiación y que el presidente, Ximo Puig, hará publicas sus conclusiones. Al margen de acudir a los juzgados ordinarios o al Tribunal Constitucional, la consejera ha llamado a dialogar en el terreno político.

El ministro Catalá ha afirmado que el modelo de financiación actual fue aprobado por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y durante los años recientes la "gravedad" de la crisis económica no ha permitido abordar mejoras, aunque ha recordado que las cuentas públicas prevén 7.500 millones de euros adicionales a la financiación autonómica para 2016.

EL CRÉDITO EN JUSTICIA, "UN PEQUEÑO RESPIRO" 

En relación con el convenio, suscrito este miércoles en la sede del Ministerio de Justicia, Bravo ha afirmado que la dotación supone un "pequeño respiro" para la "grave" situación que atraviesa esta Administración, aunque "obviamente" no solucionará las deficiencias informáticas que están convirtiéndose en uno de los "grandes obstáculos" para que los profesionales puedan realizar ágilmente su trabajo.

La responsable de Justicia de la Generalitat ha advertido de que todos los ciudadanos deben recibir en condiciones de igualdad este servicio. "No podemos permitir que siga habiendo una Justicia de dos velocidades", ha exclamado, para quejarse de que influya la situación o el "compromiso político" de cada territorio.

Bravo ha planteado que los presupuestos del próximo año contemplen una dotación específica, "una especie de Ley para la Administración de Justicia", que sea capaz de cohesionar y contribuir a que los grandes objetivos "sean una realidad". Además, ha mostrado su intención de recuperar los quince juzgados a los que renunció el gobierno anterior en 2010 por la situación económica y que haya órganos que ayuden a otros tribunales más congestionados.

A este respecto, Catalá se ha mostrado dispuesto a trabajar conjuntamente para que haya una financiación "suficiente" en materia de Justicia, ha recordado que su presupuesto de 2016 ha crecido un 7,24% y, sobre la propuesta de la Generalitat, ha advertido: "Atisbo dificultades para una financiación 'ad hoc' en una política pública, no hay una específica tampoco en sanidad o educación".