jueves, 28 de marzo de 2024 17:53
Sociedad

Detectadas facturas no declaradas por la concesionaria de Son Espases por más de 4,8 millones de euros

Hacienda ha detectado cómo la UTE Hospital Son Dureta, encargada de la construcción del hospital de Son Espases y liderada por Dragados y FCC, emitió durante 2007 facturas por un importe de 12,5 millones de euros, muy superior al consignado en la declaración del IVA.

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Son Espases


Hacienda ha detectado cómo la UTE Hospital Son Dureta, encargada de la construcción del hospital de Son Espases y liderada por Dragados y FCC, emitió durante 2007 facturas por un importe de 12,5 millones de euros, muy superior al consignado en la declaración del IVA, que fue de 7,5 millones, tal y como consta en un reciente informe.

 

En su dictamen, de 218 páginas, el fisco analiza las discrepancias entre las cifras que figuran en el libro del IVA de la UTE -que se constituyó como tal en enero de 2007 después de que un grupo integrado por las mismas mercantiles se hiciera un mes antes con la adjudicación de las obras y la explotación del hospital- y lo tributado a Hacienda. El examen arroja un importe de más de 4,8 millones que no habría sido declarado.


Hacienda apunta a la posibilidad de que las facturas no tributadas dieran cobertura a "cobros o pagos ajenos a la realidad económica" de las mismas, si bien considera necesario, para descartar esta circunstancia, contar con los libros de registros de la totalidad de facturas emitidas y recibidas por parte de la UTE Son Dureta y la concesionaria, la contabilidad y los medios con que aquéllas se abonaron.


La UTE, sin embargo, alegó en el transcurso de las pesquisas de la AEAT que la diferencia entre el importe facturado por ésta a la concesionaria y lo declarado realmente se debía a la diferencia temporal entre el pago y la contabilización de las facturas.


Hacienda pone asimismo la lupa en una partida de 5,9 millones de euros incluida en el contrato por el que la concesionaria, tras hacerse con el contrato del Govern para la construcción, mantenimiento y explotación de la infraestructura, adjudicó el 30 de enero de 2007 las obras a la UTE integrada en un 48 por ciento por Dragados -filial de ACS-, en un 32 por ciento por FCC, en un 10 por ciento por Llabrés Feliu, y en otro 10 por ciento por Melchor Mascaró.


El contrato especifica que la Unión Temporal de Empresas tenía derecho a cobrar la anterior cantidad en concepto de 'la totalidad de gastos de estudios e informes previos y relativos a las obras'. No obstante, el fisco subraya que los seis millones fueron liquidados años después mediante facturas que no se correspondían con el objeto de la partida.


El documento contempla el valor de las obras en 185,3 millones de euros -sin impuestos- y una duración de las mismas de tres años y ocho meses. En el caso de los 5,9 millones, la AEAT asevera sin embargo que pese a que las facturas relativas a los estudios previos debían pagarse proporcionalmente a la presentación del pago de las certificaciones de obra, no es hasta el 7 de julio de 2009 cuando se emiten las primeras por parte de la UTE a la concesionaria.


FACTURAS LIQUIDADAS ENTRE JULIO DE 2009 Y 2010 


Así, fue en el plazo máximo de un año -desde julio de 2009 hasta el mismo mes de 2010- como se facturó la totalidad de la partida 'estudios e informes previos a la oferta-. Hacienda recalca que no ha resultado acreditado el por qué se retrasó la facturación de la partida, "máxime tratándose en principio de gastos previos incurridos con anterioridad".


"Por necesidades financieras con el banco que tiene el préstamo firmado, la partida nos obligaron a facturarla entre los años 2009 y 2010", justifican desde la UTE. Pese a denominarse en el contrato 'gastos por estudios e informes previos', las empresas aseveran asimismo que la partida obedece asimismo a modificaciones de costes, a otros estudios relativos a obras ya iniciadas y a costes de personal.


De hecho, Hacienda destaca cómo desde el inicio de las obras, el proyecto inicial ya tenía contemplado que se redactarían y se ejecutarían diversos contratos modificados, complementarios, y una serie de gastos que resultaron extraordinarios a raíz de "la paralización de la obra por el gobierno del señor [Francesc] Antich al ganar las elecciones de mayo de 2007, los costes del tornado que arrasó la zona en octubre de ese año o los costes de arqueología".

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