El Gobierno alcanza cuatro acuerdos con Cataluña, Galicia y C-LM para evitar recursos de inconstitucionalidad

El Ministerio de Política Territorial logró en el mes de noviembre cuatro acuerdos con Cataluña, Galicia y Castilla-La Mancha en cuatro normas sobre las que existían discrepancias competenciales, evitando así interponer recursos de inconstitucionalidad.

En uno de estos acuerdos, la Generalitat de Cataluña se compromete a interpretar y promover modificaciones legislativas de la normativa de contratación pública en relación al decreto sobre medidas urgentes para la implementación y gestión de los fondos procedentes del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y del fondo REACT-EU.

Por otro lado, según defiende el Ministerio dirigido por Isabel Rodríguez, la administración de Castilla y la Mancha interpretará y promoverá cambios legislativos en relación con la ley que recoge la Simplificación Urbanística y Medidas Administrativas de Castilla-La Mancha.

DOS ACUERDOS CON GALICIA
En esta misma línea, la Xunta de Galicia se ha comprometido a promover modificaciones legislativas en materia de residuos, biorresiduos y aguas conforma la ley de residuos y suelos contaminados de Galicia.

Además, ambas administraciones han alcanzado acuerdos en el artículo 39.3.b y el artículo 40 en torno a la Ley 9/2021 de simplificación administrativa y de apoyo a la reactivación económica de Galicia

Respecto al artículo 39.3, --que regula la tramitación del informe de impacto ambiental simplificada--, ambas partes acuerdan que dicho informe debe entenderse como el informe previsto en la disposición adicional séptima de la Ley 21/2013.

En este sentido, en el caso de que un proyecto pueda afectar de forma apreciable a los espacios protegidos Red Natura 2000, competencia de la Comunidad Autónoma de Galicia, el proyecto deberá someterse a una evaluación de impacto ambiental simplificada según los términos previstos en la mencionada ley.

Por último, en cuanto al artículo 40-- que regula igualmente la tramitación de la evaluación de impacto ambiental simplificada--, ambas partes consideran que las medidas preventivas, correctoras o compensatorias específicas para la ejecución del proyecto es una de las menciones que se pueden llegar a tratar en el informe específico que el órgano competente en materia de Red Natura emitirá en el procedimiento de evaluación de impacto ambiental simplificada y que se podrán exigir como medidas adicionales de protección.