Transparencia Internacional reta a los partidos a asumir medidas concretas contra la corrupción

La división española de Transparencia Internacional ha lanzado este lunes un reto a los partidos políticos que compiten en las elecciones generales del 20 de diciembre para que asuman cuarenta medidas concretas contra la corrupción, entre las que figuran el compromiso de despolitizar las instituciones, limitar los mandatos de políticos y cargos públicos, y de suprimir los aforamientos en lo que se refiere a delitos de corrupción.

Según el catedrático Jesús Lizcano, presidente de Transparencia España, la actitud de los partidos ante la corrupción se ha convertido en una variable que determina el sentido de voto y las formaciones políticas deben tomar nota y no ser "insensibles". A su juicio, en nuestro país rige una partitocracia donde los partidos tienen extendida su presencia en todos los organismos e instituciones, y en cambio las encuestas reflejan que están alejados de los ciudadanos y que no gozan de credibilidad.

Estas 40 medidas, que inicialmente eran más de 150, han sido elaboradas pluralmente por una Comisión de Medidas legales y sociales contra la corrupción, creada en el seno de la ONG e integrada por 34 miembros pertenecientes a la Universidad, la Judicatura, la Fiscalía Anticorrupción, el Tribunal de Cuentas, organismos antifraude y las Fuerzas de Seguridad.

Por un lado, exigen un compromiso para despolitizar la elección de los miembros de las principales i9nstituciones del país (Tribunal Constitucional, Consejo General del Poder Judicial, Tribunal de Cuentas, Defensor del Pueblo y sus equivalentes autonómicos), así como prohibir que se nombre a políticos para formar parte de órganos reguladores y de control.

Además, abogan por eliminar el aforamiento de políticos en caso de investigaciones judiciales por delitos relacionados con corrupción (cohecho, prevaricación, tráfico de influencias, etc.), delitos contra la Hacienda pública, contra la Seguridad Social y/o delitos de fraude de subvenciones/ayudas públicas.

Del mismo modo, plantean prohibir que una persona que se encuentre investigada judicialmente o haya sido condenada por delitos relacionados con la corrupción pueda concurrir a cualquier tipo de lista o proceso electoral.

Transparencia Internacional también aconseja establecer límites temporales claros y precisos para el ejercicio de todos los cargos públicos, y especialmente en el seno de instituciones y organismos especialmente relevantes para la causa pública, como pudieran ser los partidos políticos, sindicatos, organizaciones empresariales, con el fin de "evitar riesgos de corrupción y la generación de redes clientelares".

Y, mientras un político ejerza cargo público, creen que debería desvincularse de su cargo en el partido y no tener responsabilidades políticas o económicas en la organización, con la excepción del presidente del Gobierno.

En la Administración, hacen hincapié en profesionalizar la gestión pública en función del mérito y la capacidad y proponen eliminar los sistemas de libre designación, limitar los puestos eventuales, e imponer un "régimen estricto" de incompatibilidades de los altos cargos públicos, a los que exigen dedicación exclusiva con la única excepción de tareas académicas. Y frente a las 'puertas giratorias', piden ampliar de dos a cinco años el plazo de incompatibilidad que rige para los cargos cesantes.

Por otro lado, recomiendan un "aumento urgente" de efectivos en las carreras judicial y fiscal hasta alcanzar la media de la Unión Europea (21 jueces por cada 100.000 habitantes frente a los 11 que hay en España).