martes, 5 de julio de 2022 15:25
Economía

La CNMV somete a consulta el código de buenas prácticas para inversores institucionales, gestores y asesores

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Archivo - Sede de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) en Madrid

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha sometido a consulta pública el Código de buenas prácticas para inversores institucionales, gestores de activos y asesores de voto, que tiene el objetivo de promover una mayor implicación de estos actores con las sociedades cotizadas.

Ese código va dirigido a los inversores institucionales y a los gestores de activos con sede en España, aunque nada impide la aplicación voluntaria de los principios del código por los inversores o gestores con sede fuera de España.

El documento contiene una serie de elementos para facilitar la adhesión de entidades de menor tamaño, escala o complejidad, o para modular el alcance y naturaleza de las obligaciones de cualquier entidad, con independencia de su tamaño.

El organismo ha recordado en un comunicado que este aspecto ya cuenta con regulación nacional vigente, a la que se añadiría este código de recomendaciones, en tanto que existen proyectos legislativos relevantes a escala de la Unión Europea en esta misma área.

La adhesión al código es voluntaria, aunque aquellas entidades que hayan decidido adherirse voluntariamente deberán indicar en su informe anual cómo han aplicado los distintos principios del documento en el ejercicio anterior.

La propuesta que se somete a consulta cuenta con siete principios, que abarcan aspectos como la necesidad de invertir y contar con una estrategia a largo plazo, el conocimiento y seguimiento de las empresas en las que se invierte o el desarrollo y publicidad de la política de implicación, entre otros.

Dada su novedad para el mercado español, se ha decidido establecer un periodo transitorio de tres años, desde la aprobación del código. El plazo para el envío de comentarios por parte de los interesados finaliza el próximo 16 de septiembre de 2022.

La CNMV ha contado para su redacción con el asesoramiento de un grupo consultivo compuesto por expertos de los sectores afectados, como el asegurador, la inversión colectiva, firmas legales y de auditoría, 'proxies advisors', emisores así como por otros supervisores nacionales.

En concreto, han participado el Banco de España, la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, la AEB, la AERI, la Ceca, Emisores Españoles, IC-A, Inverco, Unespa, Deloitte, EY, KPMG, PwC, Garrigues, Uría y Menéndez, Corporance Asesores de Voto, Georgeson y Morrow Sodali y, a título personal, Manuel Conthe y José Ramón del Caño.

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