El PPCV denunciará a sus cargos condenados por corrupción por daños y perjuicios de imagen

Isabel Bonig, la presidenta del PPCV, ha anunciado que el partido ha decidido llevar a cabo una medida "inédita" hasta ahora en política: reclamará a los cargos denunciados por corrupción, con sentencia firme, una indemnización por daños y perjuicios causados a la imagen del partido y de los simpatizantes.

Así lo ha avanzado en una rueda de prensa que ha comenzado asegurando que el pasado martes fue un día "bochornoso y negro", que no le gustaron "las imágenes y los delitos" que se les imputan a los detenidos e investigados -antes imputados- y que su sentimiento es de "rabia e indignación".

No obstante, y tras "pedir perdón por los errores que se han cometido", Bonig ha recalcado que su partido ya ha iniciado un proceso de regeneración que "no tiene vuelta atrás" porque considera que a política "se viene a servir y nunca a ser servidos" y, por tanto, mantiene una actitud de "tolerancia cero a la corrupción".

Ha agregado que ahora se abre la oportunidad de construir un PPCV "sólido, honrado y decente" en el que se destierren los comportamientos y las personas que "no han estado a la altura de la honradez" tanto del partido como del conjunto de los valencianos".

En este sentido, ha explicado que tras consultar a los presidentes provinciales y obtener su "total apoyo" desde el PPCV se han preparado dos iniciativas "contundentes" porque "si alguien está cansado de estas noticias son los militantes del PP", que están "hartos".

Una de ellas es la de interponer una demanda por la vía civil de reclamación por los daños causados al PP por parte de los cargos que sean condenados, con sentencia firme, por corrupción, quienes "se han aprovechado del PP y de la confianza e los votantes".

Ha explicado que esta acción está regulada en el artículo 1902 del Código Civil y el dinero que se recaude irá destinado a los fines sociales que se determinen. Los servicios jurídicos del partido ya están estudiando la demanda al exconseller Rafael Blasco, en prisión tras ser condenado con sentencia firme por el caso Cooperación, porque según ha recalcado Bonig, con esta acción se pretende que, con independencia de las responsabilidades civiles y penales que determine el juez, "hay que dar un paso más" y que los condenados por corrupción "paguen por el daño que han hecho a la imagen del PP y de sus militantes". "Estamos decididos, es un camino sin retorno", ha reiterado, para defender que "quien la haga que la pague".

Preguntada sobre cómo se valorará económicamente el daño causado a la imagen del partido, la dirigente ha explicado que se pueden establecer "criterios" pero que el juez será el encargado de determinarlo en el proceso.

Ha indicado, al ser cuestionada sobre si se presentará una demanda contra el exalcalde de Torrevieja Pedro Hernández Mateo, que se está valorando aunque el problema reside en que hay un plazo de un año desde la sentencia para presentarla y cree que ya se ha superado, mientras que en el caso de Blasco sí hay plazo.

AUDITORÍA INTERNA

La segunda iniciativa, que el PPCV llevará al próximo Congreso Nacional del PP para que se incorpore a los estatutos del partido es ampliar las competencias del Comité de Derechos y Garantías para que también pueda llevar a cabo una auditoría interna del partido, al igual que ocurre en las empresas, y pueda ejecutar inspecciones de oficio o a raíz de denuncias interpuestas por los militantes, siempre que estén fundadas.

Se trata de que quien tenga conocimiento de "un comportamiento inadecuado lo ponga en conocimiento del partido" y se pueda investigar, con todas las garantías, para ver si los hechos son así y, en este caso, poder poner en conocimiento de la justicia los hechos o adoptar medidas disciplinarias.

Ha precisado que se trata de una tarea preventiva para evitar que esos casos se produzcan "en la medida de lo posible" y ha dicho que es partidaria de que esa función de control la realicen personas "independientes y profesionales".

VISTO BUENO DE GÉNOVA

Bonig ha explicado que Génova conoce estas medidas y que ella misma ha hablado con el vicesecretario de Organización del PP, Fernando Martínez Maíllo, y que tienen "apoyo total y absoluto" desde Madrid.

Preguntada sobre si ha hablado con Mariano Rajoy y si hay preocupación en torno a los últimos acontecimientos del caso Imelsa, Bonig ha indicado que no ha hablado con el presidente pero "preocupación es evidente que hay" porque al PP le preocupa la corrupción.

Asimismo, ante la pregunta de qué ha fallado en el partido para que se produzcan estos casos, ha dicho que tanto en el PP como en otras formaciones "los organismos de control no han funcionado" y ahora "hay que aprender de los errores" y ser "muy exigentes en la selección de personal" y tener órganos internos de fiscalización que funcionen porque esta es "la mejor garantía para preservar la honorabilidad de mucha gente que está en política para servir".

Bonig también ha recalcado, respecto a las cuentas del partido, que se presentan a Madrid y después son auditadas por el Tribunal de Cuentas, y ha apuntado que se está estudiando la posibilidad de que sea una auditoría externa quien se encargue de hacerlo.