viernes, 29 de marzo de 2024 02:09
Politica

​Rajoy comparece en el Congreso para hablar sobre “el acuerdo de la vergüenza”

El presidente del Gobierno en funciones comparece para dar cuenta de la reunión del Consejo Europeo en la que se selló el acuerdo para expulsar a los refugiados y migrantes a Turquía. 

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Este miércoles no habrá plantón. Después de cinco meses de ausencia, el presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, comparece en el Pleno del Congreso de los Diputados para dar cuenta de la reunión del Consejo Europeo celebrada en Bruselas los pasados 17 y 18 de marzo en la que se selló el acuerdo con Turquía que permite desde este lunes devolver a aquel país a cuantos refugiados y migrantes hayan alcanzado desde allí suelo europeo, una vez estudiadas sus circunstancias individualmente.


Rajoy comparece de forma extraordinaria a petición propia para informar sobre el mencionado Consejo Europeo pero también a instancias del PSOE, del Grupo Mixto y del Grupo Podemos-En Comú Podem-En Marea, quienes han solicitado que acuda a la Cámara Baja para informar tanto de las negociaciones y la posición de España en la gestión de la crisis migratoria como de la posible salida de Reino Unido de la Unión Europea ('Brexit'), el otro gran asunto en la política comunitaria.


En concreto, el Grupo Socialista ha pedido que Rajoy detalle los resultados de la reunión del Consejo Europeo de febrero en el que se abordaron ambos asuntos, como el resultado en particular del Consejo de los días 17 y 18 de marzo durante el que la UE aprobó la declaración institucional que establecía los términos del acuerdo con Turquía.


Por su parte, los Grupos Parlamentarios Mixto y Podemos-En Comú Podem-En Marea, le solicitan que explique el desarrollo de las negociaciones en aquel Consejo Europeo y, en concreto, "la posición que defendió durante su celebración así como para conocer, a posteriori, la adecuación de la postura defendida y consensuada por el Gobierno con relación a la declaración institucional que se leyó y aprobó durante la última sesión de la Comisión Mixta para la Unión Europea, del día 16 de marzo".


Se refieren al texto aprobado por unanimidad en el que se marcaban las líneas rojas que defendería España en Bruselas durante la negociación del acuerdo y que fundamentalmente consistía en oponerse a todo pacto que no respetase la legalidad internacional y los Derechos Humanos y que implicase "expresa o indirectamente la posibilidad de proceder a expulsiones colectivas a territorio turco o a cualquier Estado no miembro de la Unión Europea".


La comparecencia llega en pleno debate entre los grupos parlamentarios y el Ejecutivo sobre la obligación o no de que un Gobierno en funciones rinda cuentas en el nuevo Parlamento. Mientras toda la oposición considera que es necesario y está solicitando que asistan distintos ministros a las Cámaras, éstos no asisten por entender que no han de someterse al control de una cámara que no les ha investido.


"ACUERDO DE LA VERGÜENZA"


En todo caso, Rajoy acude a informar sobre el Consejo Europeo que arrancó el 17 de marzo y se saldó con la aprobación de una declaración que ha sido bautizada por organizaciones sociales nacionales e internacionales como "el acuerdo de la vergüenza". El pacto abrió la posibilidad, materializada desde este lunes, de devolver a Turquía a cuantos migrantes llegasen desde allí Grecia con la promesa de acoger a un refugiado por cada individuo que fuese entregado a las autoridades turcas.


En las primeras 24 horas, 136 personas según fuentes turcas y 202 según fuentes comunitarias, habrían sido enviadas a Turquía en dos barcos desde las islas griegas, mientras han sido 78 los refugiados que se han reasentado desde allí en Alemania en el mismo periodo.


El acuerdo contiene otras condiciones, como que la UE transferirá a Turquía 6.000 millones de euros a cambio o que liberalizará los visados para sus ciudadanos a partir del mes de julio, cuestiones estas que se trataron en el Consejo Europeo del que dará cuenta en el Congreso Mariano Rajoy.


DE LA ACOGIDA A LA DETENCIÓN


Una de las primeras consecuencias del acuerdo fue la evacuación de las islas griegas, donde en torno a 8.000 refugiados aguardaban destino en campos de refugiados y centros de recepción y que fueron trasladados a la Grecia peninsular y repartidos en la veintena de campos que el Ejecutivo de Syriza ha venido levantando en las últimas semanas. El ACNUR calcula que son 54.000 los refugiados en suelo griego en la actualidad.


Aquellos campamentos del archipiélago, de régimen abierto, fueron transformados en centros de detención para retener a cuantos llegasen a partir de la entrada en vigor del acuerdo, activo desde la noche del domingo 20 de marzo. Allí son privados de libertad deambulatoria en tanto se dirime si serán devueltos a Turquía o se estudiará su solicitud de asilo, si la hay. Son frecuentes estos días las protestas e incidentes tanto en Lesbos como en Chios, donde los retenidos piden libertad.


El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), que no ha formado parte de la negociación ni ha intervenido en las condiciones del acuerdo, decidió retirarse de estos centros, en los que venía prestando servicios y suministros, por ser contraria la detención a su mandato de proteger a los refugiados. No participan ni colaboran en ninguna tarea relacionada con la ejecución de este acuerdo.


En la misma línea se manifestaron Médicos sin Fronteras y Save The Children, dos grandes organizaciones internacionales destacadas en la región para contribuir a paliar la crisis humanitaria que con la entrada en vigor del acuerdo dejaron de prestar sus servicios al oponerse frontalmente a las condiciones que se imponían a quienes cruzan el Egeo huyendo de la violencia y de la guerra. Dicen que no quieren ser "cómplices" de lo que consideran una "crueldad".


Estas personas, además, no han dejado de llegar. Según Save The Children Grecia, sólo en el campo de detención de Moria, en Lesbos, diseñado para alojar "a unos pocos centenares de personas en tránsito un par de días", viven hoy más de 3.300, de las que un millar son niños. "Familias y niños están durmiendo al aire libre en el suelo helado con mantas porque no tienen otro sitio donde hacerlo, ya que las instalaciones están sobresaturadas", afirmó su jefa de equipo, Simona Mortolini.


En paralelo, se pone en duda que Turquía sea un país seguro desde el punto de vista de la legislación europea al que devolver personas, aunque el Gobierno de Ankara defiende que teniendo en su territorio a más de 3,4 millones de refugiados, ese estatus es incuestionable. Amnistía Internacional ha documentado expulsiones colectivas de refugiados a Siria, que lleva cinco años en guerra, y el Observatorio Sirio de Derechos Humanos ha acusado a las fuerzas turcas de matar a refugiados, hombres, mujeres y niños que tratan de cruzar su frontera huyendo del conflicto.


LA IGLESIA Y LAS ONG, CONTRA EL ACUERDO Y POR LA ACOGIDA


En España, organizaciones especializadas como CEAR, sindicatos, asociaciones y plataformas de distinta índole denuncian que el acuerdo es un "mercadeo" de personas "ilegal e inmoral" y exigen su retirada. La Iglesia ha pedido por escrito directamente al Gobierno que contribuya a frenar las devoluciones de refugiados y lidere la acogida, empezando por la parte que le toca, un compromiso de reubicar a casi 18.000 personas antes de que termine el año y de las que han llegado 18.


Todos ellos, incluido el ACNUR, instan al Ejecutivo a liderar la acogida, no sólo con la cuota fijada por la Unión Europea sino adoptando medidas que son exclusivamente de su competencia, como flexibilizar las condiciones de la reagrupación familiar para que los parientes que se han quedado varados en Jordania, Líbano o Turquía puedan viajar legalmente y reencontrarse con los suyos; abrir visados y becas humanitarias, o desplazar una misión a estos lugares para traer en cupos de reasentamiento, a una cantidad "ambiciosa" de personas en necesidad de protección.

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