Profesionales de enfermería reclaman más plazas públicas de fisioterapeutas

El Sindicato de Enfermería, SATSE, ha demandado a las administraciones sanitarias públicas que convoquen ofertas públicas de empleo con plazas suficientes para acabar con las enormes listas de espera existentes en fisioterapia en la actualidad.

"El déficit de fisioterapeutas en las plantillas de los servicios públicos de salud es preocupante, al ser prácticamente inexistentes las convocatorias de Ofertas Públicas de Empleo para esta categoría sanitaria, con el agravante de que cuando se producen cuentan con muy pocas plazas, lo que conlleva que sea éste un colectivo con alto índice de precariedad laboral", advierten.

"Ante esta lamentable realidad, la mayoría de fisioterapeutas están abocados a ejercer en el sector privado", han afirmado en una nota, con motivo del Día Mundial de la Fisioterapia, donde además piden a las Administraciones que reconozcan la importante labor que realizan los fisioterapeutas.

CONTRATADOS COMO FALSOS AUTÓNOMOS

SATSE advierte de que muchos de estos profesionales han denunciado que son contratados como falsos autónomos, es decir, como si fuesen trabajadores por cuenta ajena cuando en realidad están vinculados laboralmente a una empresa, "lo que conlleva una pérdida de derechos laborales", apuntan desde el Sindicato de Enfermería.

La organización sindical recuerda que los fisioterapeutas son los profesionales sanitarios cualificados para el tratamiento de lesiones en el ejercicio físico y actúan tanto en la prevención de procesos, como en el mantenimiento y tratamiento de recuperación funcional en patologías y procesos crónicos. Su labor asistencial se extiende desde la infancia, los adultos y los ancianos, sin dejar de prestar atención a la dependencia.

Por otro lado, SATSE denuncia que el intrusismo profesional existente en la actualidad perjudica a los profesionales, que durante cuatro años han cursado los correspondientes estudios universitarios, pero sobre todo a la población atendida por personas no cualificadas, ya que los servicios que se ofertan no cuentan con garantías, pueden suponer un fraude a la población e incluso provocar lesiones graves.