MORDIDAS A LA ESPAÑOLA

La segunda acepción de la palabra ‘mordida’ en el diccionario de la lengua de la Real Academia Española hace referencia al: “Provecho o dinero obtenido de un particular por un funcionario o empleado [público], con abuso de las atribuciones de su cargo”. La abreviatura que precede al texto explicativo (Am.) localiza en el continente americano su uso más común. Los viajeros a México habrán podido escuchar en alguna ocasión tal apelativo que la propia Academia Mexicana de la Lengua refiere como dinero obtenido de un particular por un funcionario para acelerar un trámite o disimular una infracción.

Durante las diligencias en curso en el juicio de la denominada ‘trama Correa’ ha tomado carta de naturaleza la palabra en cuestión como vocablo descriptivo de pagos a intermediarios, comisionistas o conseguidores -así llamados últimamente- los cuales, aprovechándose de su influencia política ante los responsables de las instituciones públicas, se han beneficiado de dispendios de empresas adjudicatarias de servicios o contratos públicos. A diferencia de la antedicha casuística en los países americanos, se habría tratado en el caso de que nos ocupa de desembolsos de las empresas a particulares, aunque los responsables públicos también pudieran haberse beneficiado de los dineros en trasiego. Se alega que los partidos políticos, en este caso el Partido Popular, formación que en los últimos tiempos recorre su particular Gólgota de la corrupción, habría sido beneficiado del mixto privado-público de las mordidas.

Francisco Correa, supuesto cabecilla de la trama, ha confesado que cobró comisiones de empresarios y que el dinero se lo repartía con el ex tesorero del PP, Luis Bárcenas. Así la formación política conservadora habría obtenido dinero extra para la financiación de sus actividades o, incluso, para repartirlo entre algunos de sus dirigentes. De acuerdo a las propias palabras del cabecilla de la ‘Gürtel’: "Yo estaba más tiempo en Génova [sede del Partido Popular] que en mi propio despacho. Era mi casa, vamos".

La avidez de los partidos políticos para conseguir financiación extra, principalmente destinada a sufragar gastos para sus campañas electorales, es casi consustancial a su propia existencia. En algunas democracias representativas occidentales, como la que estadounidense ahora enfrascada en la elección de su presidenta/e, la disponibilidad de fondos para poder concurrir electoralmente con posibilidades de competir es decisiva. Los dineros no garantizan por si mismos la victoria de quien más acopia. Pero la condiciona de manera determinante. Tanto Clinton como Trump han dispuesto de sus propios recursos millonarios, pero la capacidad de sus equipos electorales para recaudar fondos con la organización de cenas o actos electorales de apoyo, y en las que sus seguidores aportan contribuciones de su propio peculio, ha sido muy importante en la carrera por su nominación como candidatos y en su eventual elección presidencial.

No por ser utilizada ahora en España como expresión novedosa, la mordida es ajena a las prácticas de las corruptelas y el ‘choriceo’ ibérico. El país de la ‘piel de toro’ posee una larga tradición de conductas tramposas. No en vano, el pícaro es una figura española universal retratada singularmente en nuestro Siglo de Oro literario. La lectura de relatos como el de ‘Rinconete y Cortadillo’ del genial Miguel de Cervantes debería ser muy recomendable en nuestras escuelas, y requisito curricular de la malograda asignatura de Educación para la Ciudadanía. Hace pocos años se pensaba que las mordidas sólo podían producirse en países ‘subdesarrollados’ de Asia y África o en ‘vías de desarrollo’ como los de América Latina. En realidad el paralelismo histórico sería más conmensurable con la situación en España de fines del siglo XVI y todo el XVII, en los que la decadencia moral y económica auspiciaban la anomía del “anda yo caliente y ríase la gente”.

Ya después de celebradas en 1979 las primera elecciones municipales tras el franquismo se desataron las peleas internas en los partidos por ocupara las concejalías de urbanismos, aquellas más propicias a los enjuagues de las recalificaciones urbanísticas y a las generosas mordidas de promotores y comisionistas. ¿Cómo fue posible que algunos concejales que habían dejado sus modestos empleos como torneros u oficinistas, pongamos por caso, paseasen con sus haigas las calles de sus municipios al término de sus mandatos como responsables políticos del urbanismo? Algunos han llegado a justificar sus conductas en la recaudación de dineros para sus partidos, aunque parte de sus mordidas acabasen en sus cuentas bancarias.

Entre 1988 y 1990, el PSOE, por mediación de las empresas tapaderas Filesa, Malesa y Time-Export obtuvo considerables cantidades de dinero en concepto de estudios de asesoramiento para destacados bancos y empresas, los cuales nunca llegaron a materializarse. Fue este el primer el primer caso documentado de financiación ilegal de un partido político, por una cantidad equivalente a unos 18 millones de euros actuales. El caso AVE fue otra corruptela de la época relacionada con el anterior, por el cobro de comisiones ilegales por la adjudicación de las obras del AVE Madrid-Sevilla. Una de las condenadas fue Aída Álvarez, responsable de finanzas del PSOE, Aída Álvarez.

Tras el precedente socialista de financiación ilegal partidaria, se fueron incorporando en tales conductas espurias la mayoría de los partidos políticos con responsabilidades de gobierno: Partido Socialista de Catalunya (PSC), Unió Democràtica de Catalunya (UDC), Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) o Partido Popular (PP). Posteriormente la lista y tipologías de las mordidas ha alcanzado a la mayor parte de las formaciones protagonistas de la Transición Democrática postfranquista como ha constatado el asunto de las ‘tarjetas Black’ (véase artículo de opinión).

Mi colega y experto de la función política en España, Carles Ramió, ha evidenciado en su último libro, “La renovación de la función pública” los problemas de la corrupción en España. El mismo se ha preguntado cómo ha sido posible que habiendo estado unos 20 años al frente de un buen número de cargos de responsabilidad política y administrativa en la Universidad, y fuera de ella en la administración pública (Ej. Director de la Escuela de Administración Pública de Cataluña), no hubiera tomado conciencia de la existencia de las corruptelas y sus prácticas que sólo recientemente se han expuesto con mayor intensidad mediática.

Según las tesis del Prof. Ramió, las administraciones públicas españolas poseen unos diseños institucionales enfermos, y con ellos una cultura política y administrativa que permiten, e incluso incentivan, el fenómeno de la corrupción. En realidad, nuestros diseños institucionales y la cultura política y administrativa que la sustenta son los inductores de la corrupción. Las instituciones son fundamentales para legitimar el buen gobierno. Y el buen gobierno es trascendental para generar confianza social que posibilite la pervivencia de nuestro solidario Estado del Bienestar. Con corrupción institucionalizada no hay confianza social, y ello suele ser antesala del desaliento, los populismos y hasta la muerte de democracia. Mordida a mordida.