Arranca el juicio del 'caso Guateque', la mayor trama de corrupción municipal en Madrid

Diez años después de la ‘operación Guateque’, por fin arranca este martes el juicio sobre este caso en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Madrid.

En el denominado 'caso Guateque' hay 34 acusados en el banquillo, entre funcionarios y empresarios acusados de formar parte de una trama que sobornaba a trabajadores públicos del Ayuntamiento de Madrid a cambio de licencias para locales de ocio y comercio, durante el mandato de Alberto Ruiz-Gallardón.

A los acusados – a los que el Ministerio Fiscal solicita una pena conjunta de 250 años de prisión-- se les atribuye, según cada caso, delitos de cohecho, delitos continuados de falsedad en documento oficial, delitos contra el Patrimonio Histórico, delitos de tráfico de influencias, delitos de prevaricación ambiental y delitos de negociaciones prohibidas a funcionarios.

Está previsto que la vista oral del este juicio se desarrolle hasta el próximo mes de mayo. Para su celebración se han señalado 60 sesiones que tendrán lugar los martes, miércoles y jueves de cada semana.

‘OPERACIÓN GUATEQUE’

Los hechos se remontan al 14 de noviembre de 2007 cuando se produjo la detención de 16 personas por orden del Juzgado de Instrucción número 32 de Madrid en la denominada ‘operación Guateque’.

La operación se inició a raíz de la denuncia de un empresario del sector del ocio nocturno, que había asegurado se víctima de extorsión, lo que llevó a la Guardia Civil hasta la trama.

El testimonio del dueño de una tienda de mascotas de El Rastro –al que exigieron 72.000 euros para que su local no fuera clausurado—llevó a una segunda fase de la operación.

La intervención judicial en la Gerencia de Urbanismo y la Concejalía de Medio Ambiente, así como en las en las juntas de distrito de Centro, Chamberí y San Blas, descubrió una presunta red de cobro de comisiones ilegales en el seno del Ayuntamiento de la capital de España.

Quince funcionarios fueron detenidos por el supuesto cobro de 'mordidas' --de entre 3.000 y 18.000 euros-- a cambio de la concesión de permisos urbanísticos.

En el marco de la instrucción cumplieron prisión preventiva un total de diez imputados, entre ellos los presuntos cerebros de la trama. Seis años después, se acordó la imputación formal de 34 personas por delitos de cohecho, negociaciones prohibidas para los funcionarios y prevaricación ambiental, entre otras infracciones penales.

UN TOTAL DE 34 IMPUTADOS

Tras concluir la investigación, el instructor acordó levantar la imputación de un total de 45 personas. Entre ellas destacaba la mujer del exconsejero del Gobierno regional e imputado en el 'caso Gürtel' Alberto López Viejo, Teresa Gabarra Balsells. Estaba imputada por la concesión de una de las licencias del restaurante que regenta en el distrito Retiro.

En cuanto a las penas, el fiscal reclama 14 años de prisión para el presunto cabecilla. Se trata de Victoriano Ceballos, quien estuvo al frente de la División municipal de Impacto y Análisis Ambiental de Medio Ambiente. Se le acusa de cuatro delitos de cohecho, seis de negociaciones prohibidas para los funcionarios y prevaricación ambiental.

Otro de los supuestos cerebros era Joaquín Fernández de Castro, a quien se imputa ahora un delito de cohecho, nueve delitos de prevaricación ambiental, y uno de negociaciones prohibidas a los funcionarios. Se enfrenta a una petición fiscal de 11 años de prisión.

Además, pide penas de hasta 21 años de cárcel para los acusados Santiago Castillo y el funcionario municipal Carmelo García. El primero forma parte del grupo de empresarios que se beneficiaron de los favores de los funcionarios.

Ambos actuaban como intermediarios entre los propietarios de los locales y el Ayuntamiento de Madrid. Cuando se entregaba el soborno, las licencias se resolvían en un plazo inferior a dos meses –cuando lo habitual es que tardasen en resolverse más de un año--.

NINGÚN POLÍTICO IMPUTADO

Sobre este caso, ningún político asumió responsabilidad alguna. Tanto el alcalde por aquel entonces, Alberto Ruiz-Gallardón, como los concejales de Urbanismo y Medio Ambiente, Pilar Martínez y Ana Botella, salieron airosos al alegar que no se trababa de competencias suyas.

También se libró Luis Armada, gerente de Urbanismo entre los años 1997 y 2003. Aunque en un principio fue imputado, el juez retiró la acusación.

También salió airoso el exconcejal del distrito de Salamanca y actual concejal municipal Íñigo Henríquez de Luna, después de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid hubiera sobreseído la pieza separada del ‘caso Guateque’, el ‘caso Becara’.