lunes, 6 de mayo de 2024 09:25
Sociedad

​La pieza política de los ERE sentará en el banquillo a 22 acusados

Esta puede ser la primera en llegar a juicio, tras resolver la Audiencia de Sevilla todos los recursos interpuestos.

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Chavesgrinhan


La Audiencia Provincial de Sevilla ha confirmado el procesamiento del ex interventor general de la Junta de Andalucía Manuel Gómez y de otros dos ex altos cargos en la 'pieza política' de los ERE fraudulentos, resolviendo así todos los recursos interpuestos en dicha pieza, por la que se sentarán finalmente en el 'banquillo' 22 acusados, entre ellos los ex presidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán.


En este sentido, fuentes judiciales han informado a Europa Press de que la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Sevilla ha dictado tres nuevos autos en los que rechaza los recursos presentados contra su procesamiento por las defensas del ex interventor general, el ex director general de Presupuestos Antonio Vicente Lozano, y el ex secretario general de Hacienda Antonio Estepa Giménez.


Con estos tres recursos, la Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla ha resuelto ya todos los recursos presentados contra el auto de procesamiento dictado el 31 de mayo de 2016 por el juez Álvaro Martín, de forma que en la pieza del procedimiento específico de los ERE, conocida como pieza 'política', serán juzgados por la Sección Primera de la Audiencia un total de 22 ex altos cargos.


Cabe recordar que, en un principio, había 26 personas procesadas en esta pieza separada, que podría ser la primera en enjuiciarse, pero la Audiencia ha exculpado al exviceconsejero de Empleo Justo Mañas; al exdirector general de Trabajo Daniel Alberto Rivera; al exdirector general de la agencia IDEA Antonio Valverde, y al exviceconsejero de Innovación Gonzalo Suárez.


"SANGRÍA PRESUPUESTARIA"


Los informes señalan que el "desfase negativo" en los presupuestos ascendió a 30 millones en 2002, a 38 millones en 2003, a 93 millones en 2004, a 95 millones en 2005, a 58 millones en 2006, a 40 millones en 2007 y a 33 millones en 2008, señalando que "este desfase continuado y sostenido no pudo pasar inadvertido".


A juicio del tribunal, "estos déficit se mantuvieron de manera continuada durante años" sin que se pusiese "coto a esta sangría presupuestaria".

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