​OHL niega irregularidades relacionadas con la operación Lezo

El Grupo OHL ha llevado a cabo una investigación interna voluntaria, de cuyo resultado ha dado traslado al juez, en la que ha identificado dos transferencias realizadas a finales del año 2007 a la sociedad Lauryn Group, domiciliada en Panamá, y a una cuenta en el Anglo Irish Bank, en Suiza, por importe total de 2,5 millones de dólares, "sin que haya indicio de que pudieran estar relacionadas con actos ilegales o ilícitos de ningún tipo", informó la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Igualmente, la investigación interna no ha identificado ninguna transferencia ordenada por Javier López Madrid, consejero externo dominical del grupo desde el año 2002, "que nunca ha tenido responsabilidad ejecutiva ni representativa alguna en el grupo".

Además, según las conclusiones del análisis interno preliminar, "no resulta ni el menor indicio ni sospecha de que exista la más mínima irregularidad en el proceso de licitación, adjudicación y posterior ejecución de Cemonasa", el contrato de concesión del Cercanías entre Móstoles y Navalcarnero.

La investigación interna ha sido puesta en marcha de forma voluntaria por la compañía atendiendo al mandato de la comisión de Auditoría y Control del consejo de administración, a través de la Dirección de Auditoría Interna y la Dirección de Cumplimiento, en el marco del requerimiento judicial de información llevado a cabo por parte de la Guardia Civil el pasado 20 de abril en relación con la 'Operación Lezo', instruida por el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco.

La compañía ha realizado un rastreo de posibles transferencias en todas las áreas geográficas y sociedades del grupo entre los años 2006 y 2017 para comprobar si se realizó alguna transferencia desde alguna filial que se pudiera corresponder a la de 1,4 millones de euros que supuestamente, y según se pudo deducir de la información solicitada por la comisión judicial que visitó la sede de OHL, hizo alguna sociedad del grupo a una cuenta en Suiza de la que era titular una sociedad llamada Lauryn Group.

OHL ha optado por realizar un rastreo general de todas las transferencias realizadas en 11 años por cualquier empresa del grupo pese a que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil le pidió solo las efectuadas por OHL México, informaron a Europa Press en fuentes de la investigación.

Las transferencias identificadas a través del sistema informático no coinciden exactamente con la supuesta transferencia referida, pero sí están dirigidas a la misma sociedad (Lauryn Group). OHL asegura que dichas transferencias están "debidamente asentadas en la contabilidad y cuentan con las correspondientes facturas de soporte, que aparentemente corresponden a transacciones normales dentro del tráfico ordinario" entre sus empresas, "y no hay ningún indicio de que pudieran estar relacionadas con actos ilegales o ilícitos de ningún tipo".

"Son trasferencias normales y completamente legales", insistieron a Europa Press en fuentes de la compañía.

Además, OHL informa a la CNMV de que todas las personas que en la fecha en que se hicieron dichas transferencias tenían responsabilidad ejecutiva, directa o indirecta sobre las mismas, "hace tiempo que no están en el grupo, bien por jubilación, por baja voluntaria o por despido".

LÓPEZ MADRID NO ORDENÓ NINGUNA TRANSFERENCIA

Según las conclusiones del análisis interno, "ni en las fechas en las que se supone que se realizó la supuesta transferencia, ni en ninguna otra fecha, Javier López Madrid ha tenido poder o capacidad para ordenar, autorizar o instruir a empleados del grupo para realizar pagos de cualquier tipo, incluidas transferencias y, en general, jamás ha tenido funciones ejecutivas ni de representación en el grupo OHL".

A este respecto recuerda que López Madrid tiene la condición de investigado en esta causa, "no estando acusado formalmente de ningún delito", como tampoco lo están OHL ni ninguno de sus empleados o directivos.

Sobre si los consejeros independientes de OHL están promoviendo la salida de López Madrid del máximo órgano de gobierno de la compañía por su condición de investigado en la causa, tal y como publica "Expansión", fuentes oficiales de la empresa indicaron a Europa Press que las deliberaciones del consejo de administración son "secretas".